La reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional sufrió un golpe definitivo este martes luego de que el Comité Ejecutivo IV del Senado rechazara la presentación positiva del proyecto, decisión que equivale a su archivo inmediato. El gobierno intentó recaudar casi 16.000 millones de dólares para cubrir el déficit de 546.900 millones de dólares en el presupuesto general, que sigue sin financiación.
Pese a los planes de negociación, las presiones políticas y las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica, nueve senadores votaron en contra de la iniciativa en la tercera sesión. Con ello, el oficialismo perdió la principal apuesta del año en materia fiscal.
El presidente Petro calificó la decisión de «predecible», pero advirtió que abre la puerta a «consecuencias impredecibles». En su relato del presidente, también anunció que aprobará medidas para proteger a los residentes vulnerables a medida que aumentan las tensiones en el Congreso sobre la posibilidad de un orden económico de emergencia.
La percepción en el Capitolio es una victoria de la oposición, mientras la administración evalúa declaraciones y posibles medidas extraordinarias que ya enfrentan resistencia. Voces de distintos partidos han anunciado que presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional por cualquier estado de excepción que consideren injustificado.
El trasfondo político también pesa: la relación entre el gobierno y el parlamento se ha deteriorado significativamente. Aunque se han aprobado los presupuestos generales de 2026, otros proyectos clave están estancados: la reforma sanitaria no avanza en la Comisión Séptima, la reforma para preservar el ministerio de igualdad sigue retrasada y la jurisdicción agraria sigue sin terminar.
Por otro lado, las comisiones económicas del Congreso defendieron el proyecto tributario, apoyaron presentaciones positivas e incluso rompieron dos veces la resolución para ganar tiempo para las negociaciones. Sin embargo, en el Senado hubo resistencia. Según el senador Efraín Cepeda, uno de los que presentó el expediente, las reformas «golpean a las clases media y baja», y aseguró que la bancada conservadora no cambiará su voto pese a las presiones políticas.
La Comisión sólo logró que un senador, Jairo Castellanos (ASI), cambiara de postura. Al carecer de apoyo, Petro insistió en que podría recurrir a las dificultades económicas para conseguir capital fiscal, lo que ha sido interpretado por la oposición como una amenaza institucional.
Desde el gobierno, este nuevo revés se suma -según su narrativa- al «bloqueo institucional» que, según afirman, obstaculiza su agenda desde el colapso de la primera reforma sanitaria, el presupuesto 2025 emitido por decreto y las reformas tributarias anteriores.
En respuesta, varios parlamentarios ya se están coordinando para hacer frente a cualquier medida extraordinaria. La senadora Angélica Lozano advirtió que el rechazo del Congreso a una orden ejecutiva «no constituye un hecho inminente o imprevisible», por lo que no justificaría una emergencia económica.
El conflicto entre el parlamento y el gobierno promete intensificarse en las próximas semanas. El oficialismo busca acelerar el proceso de sus reformas antes del 16 de diciembre, cuando la legislatura inicia su receso y los legisladores se concentran en sus campañas para la reelección en 2026.
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