ElCorte El Cauca administrativo ha llevado a cabo una visita parcial para evaluar el cumplimiento presentado por la Oficina del Fiscal General en relación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este análisis se centra especialmente en los terrenos localizados en Cuernavaca y Puerto Rico Real Estate, que se encuentran en la comuna de Patía. La petición realizada por la Fiscalía busca recuperar la posesión material de esas tierras, las cuales estaban originalmente destinadas a beneficiar a los niños del Comité de Integración del Macalifique Colombiano (CIMA).
En su reciente fallo, el Tribunal ha indicado a la ANT que debe establecer un procedimiento que esté alineado con las normas legales vigentes para evaluar de forma adecuada la situación actual de la posesión y el uso de estas tierras. Además, se ha ordenado a la Policía Nacional realizar un control sobre estas propiedades, siempre garantizando que las acciones de la institución estén en conformidad con lo que ha dispuesto el juez en su resolución.
Según la información proporcionada por la Oficina del Fiscal General, desde el año 2021, estas tierras han estado ocupadas de manera irregular por integrantes del Consejo Social de La Florida. Cabe mencionar que no se han ejecutado esfuerzos suficientes para recuperar la posesión de estas tierras. Esta falta de acción ha tenido como consecuencia que los beneficiarios legítimos hayan perdido el estatus de propietarios de dichos terrenos, lo que los ha llevado a dejar de recibir los beneficios temporales que se les habían otorgado desde el año 2018.
El valor estimado de la propiedad asciende a la cifra significativa de 1,358,119,600, una información que ha sido detallada en los registros de la corte. Además, se ha planteado que la entidad de control instará a los organismos competentes para que se aseguren de que se respeten las decisiones judiciales actuales que tienen que ver con la administración de la tierra, así como la entrega rápida de los bienes inmuebles que han sido previamente identificados como destinatarios legítimos por parte de los campesinos.
Con este veredicto, el tribunal busca garantizar la protección de los derechos agrarios de la comunidad de Cauca. Esta decisión no solo reafirma la importancia del cumplimiento de las normativas relacionadas con la propiedad de la tierra, sino que también promueve una gestión más responsable y eficiente de las entidades encargadas de manejar estos asuntos. A medida que avanza esta decisión, se da un paso significativo hacia el proceso de recuperación y legalización de la propiedad rural en la región, un aspecto crítico para el desarrollo social y económico de la zona.
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