El ojo del Contralor toma su ojo en Empoditama
El Contralor general ha presentado un informe exhaustivo que se adentra en los aspectos críticos de la administración pública en Empoditama durante el año 2023. En este contexto, una cifra alarmante de 7 269 225 519 USD se encuentra bajo el escrutinio, acompañada por 20 acuerdos fiscales, así como por 29 sanciones disciplinarias y 2 que son de gran relevancia.
Es fundamental destacar que estas no son meramente irregularidades aisladas o demoras en los procedimientos. En este extracto de la realidad administrativa, se pone de manifiesto el hecho de que La Plata se movió sin la rigurosidad adecuada. Los documentos requeridos no alcanzaron a ser formalizados adecuadamente y, a su vez, el manejo administrativo se vio ofuscado por un evidente desorden.
Irregularidades que pesan y no son historia
El informe no escatima en señalar una extensa lista de fallas que resultan inquietantes:
- La billetera era sin cargar, ya que en numerosas ocasiones, los responsables ni siquiera sabían quién estaba a cargo de los fondos.
- Los suministros no giraron adecuadamente y los detalles de entrada pronto caducarán, lo que puede generar serias consecuencias.
- Se han pagado más valores para los contratistas, frecuentemente sin justificación clara.
- Los acuerdos se firmaron sin contar con el respaldo básico, lo que se traduce en una falta de transparencia.
- Se menciona la mala calidad en productos químicos y tuberías, lo cual representa un riesgo inaceptable que no se abordó adecuadamente.
- Gerentes fiscales que optaron por mirar hacia otro lado, eludiendo su responsabilidad.
- Y el control interno, que parece, para ser honestos, prácticamente inexistente.
Los ciudadanos han estado clamando por mejores servicios, tarifas justas y una mayor transparencia. Sin embargo, en el fondo, la desorganización fue la reina del andar administrativo.
Silencio institucional … ¿y responsabilidad?
Este revelador informe, que salió a la luz en marzo de 2025, no puede ser encubierto con discursos vacíos. La ciudadanía merece claridad, ya que estamos ante un problema que va más allá de simples fallas técnicas. Esto se traduce en una confianza que ha sido erosionada, con una institucionalidad que ha perdido su rumbo y recursos públicos que podrían haber impactado de manera positiva en distritos, acueductos, salud o infraestructura.
Mientras se presenta esta situación, perdura la interrogante: ¿Quién rendirá cuentas por el dinero que se ha perdido entre la desorganización, los documentos deficientemente elaborados y los esfuerzos sin fundamento?
La gestión pública no es un juego
La regulación pública no se limita a enviar documentos o firmar contratos de manera apresurada. En realidad, la regulación implica un compromiso serio: asegurar que cada peso tenga una finalidad clara, que cada decisión esté debidamente sustentada.
El controlador no solo reveló cifras preocupantes; presentó una radiografía precisa sobre cómo se manejó, o más bien, se falló en manejar, los asuntos públicos.
Cuando una suma de 7.2 mil millones de dólares está en juego, la situación no se puede resumir en un informe: es una alarma colossal que no puede ser ignorada.
Mientras se exigía rendimiento, se firmaron contratos opacos, la billetera se volvió un tema olvidado, y los datos de entrada se hicieron polvo en el olvido. ¿Y entonces? ¿Dónde estaba el control?
La comunidad no es un cajero sin fin. Cada peso mal utilizado, cada contrato sin respaldo, cada cartera sin recolectar representa una oportunidad desvanecida para la ciudadanía. El daño ocasionado no se limita a lo económico; es un daño moral, social e institucional.
No se puede jugar más con el dinero de todos. Los acontecimientos relacionados con Empoditama en 2023 necesitan un examen riguroso, así como una explicación y mejoras palpables. Durante la llamada «administración organizada», los recursos se evaporaron. En una ciudad que está en una constante búsqueda de progreso, no hay espacio para perder nada.
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