El proceso judicial que involucra a Nicolás Petro volvió a tomar fuerza luego de que la Fiscalía solicitara medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que existen riesgos de obstrucción a la justicia en el marco de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública del Atlántico. Según el ente acusador, durante la etapa preliminar se habrían identificado maniobras que, a su criterio, podrían interferir con la recopilación de pruebas y el avance del caso, razón por la cual insisten en la necesidad de una medida más estricta. La petición se presentó ante un juez de control de garantías, quien deberá evaluar si los elementos presentados sustentan la solicitud.
El Ministerio Público y la defensa de Nicolás Petro, por su parte, discreparon de la posición de la Fiscalía y señalaron que no existen motivos suficientes para ordenar una privación de la libertad. La defensa recalcó que el implicado ha comparecido a todas las diligencias, ha atendido los llamados judiciales y mantiene la disposición de colaborar con la investigación, por lo que consideran que otras medidas no privativas serían más adecuadas y proporcionales. Además, insistieron en que la discusión jurídica no puede convertirse en un fenómeno mediático que prejuzgue antes de tiempo y afecte el desarrollo imparcial del proceso.
Mientras el juez se prepara para tomar una decisión en los próximos días, el caso continúa generando debate político y ciudadano en la región Caribe, donde los contratos investigados han despertado interrogantes sobre la transparencia en la administración departamental. Diversos sectores han solicitado que el proceso avance con rigurosidad, pero sin presiones externas que comprometan la objetividad. Por ahora, la atención se centra en la audiencia que definirá si Nicolás Petro deberá enfrentar la investigación desde la cárcel o si podrá continuar su defensa en libertad bajo condiciones judiciales.
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