Una persona privada de libertad le cuesta al Estado cerca de 24 millones de pesos al año, sin que el sistema garantice un proceso eficiente de reintegración. Así lo advirtió JULIO CÉSAR TRIANA, diputado por Huilense, del partido Cambio Radical, en medio de un debate nacional sobre el hacinamiento carcelario y la crisis estructural del sistema penitenciario.
El dirigente señaló con firmeza que las cárceles, lejos de cumplir su función constitucional de reinserción, se han convertido en verdaderas «fábricas criminales» donde se fortalece la actividad criminal y se reproducen conductas ilegales. Según él, el modelo actual no sólo es ineficiente sino también costoso para el Estado, sin ofrecer resultados reales para reducir la reincidencia.
Triana cuestionó cómo se están asignando los fondos públicos a un sistema que, a su juicio, no está cumpliendo su cometido. Advirtió además que el hacinamiento carcelario empeora las condiciones de vida de los reclusos, restringe el acceso a programas de formación y dificulta cualquier intento de integración social efectiva.
En ese sentido, el congresista señaló la urgente necesidad de cambios estructurales en el sistema penitenciario colombiano, proponiendo un enfoque productivo y rural que permita a las personas privadas de libertad desarrollar habilidades laborales y crear oportunidades reales de participación.
Finalmente, insistió en que el país debe apuntar a un modelo que priorice la reintegración y reduzca la reincidencia, garantizando así una mayor seguridad para la sociedad.
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