En un emotivo acto que simboliza esperanza, memoria y dignificación, 34 víctimas del conflicto armado recibieron este fin de semana cartas de indemnización administrativa en el municipio de Jambaló, Cauca, como parte de la política nacional de reparación integral liderada por la Unidad para las Víctimas.
La entrega se realizó en articulación con la Alcaldía Municipal, a través del Enlace de Víctimas, y representó una nueva jornada de compromiso estatal con quienes han sufrido los embates de la violencia en el territorio. El valor total entregado ascendió a 282 millones de pesos, distribuidos entre personas que han vivido situaciones como desplazamiento forzado, pérdida de seres queridos, afectaciones psicológicas y vulneraciones a sus derechos fundamentales.
“Esta entrega no es solo una cifra o un trámite administrativo. Cada carta representa la historia de una persona o familia que ha vivido momentos difíciles, pero que sigue de pie, construyendo futuro”, afirmaron voceros de la Unidad durante el evento, que estuvo cargado de simbolismo y respeto.
Más allá de lo económico, la jornada tuvo un enfoque pedagógico y restaurador: los beneficiarios participaron en espacios de orientación sobre el uso adecuado de los recursos, priorizando educación, vivienda, salud y emprendimientos productivos como caminos hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Autoridades locales reiteraron su compromiso con las víctimas, y anunciaron que continuarán generando espacios de acompañamiento psicosocial, asesoría legal y participación comunitaria, entendiendo que la reparación no se limita a lo financiero, sino que debe abrir paso a un verdadero proceso de reconciliación y justicia social.
Desde Jambaló, las voces de quienes han resistido a la violencia con dignidad y esperanza vuelven a escucharse con fuerza, exigiendo no solo reconocimiento, sino garantías para la no repetición y la construcción de una paz duradera en el norte del Cauca. Las víctimas no solo recibieron un respaldo institucional, sino también un mensaje claro de inclusión y reconocimiento por parte del Estado y la administración municipal.
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