Un año después de que el Gobierno colombiano suspendiera las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —debido a una oleada de violencia en la región del Catatumbo— la guerrilla ha vuelto a intensificar su accionar armado, generando graves consecuencias para la población civil y los militares en el norte del país.
Violencia retomada y consecuencias humanitarias
La confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las antiguas FARC estalló en enero de 2025 por el control territorial y de economías ilegales, especialmente en zonas productoras de hoja de coca en el Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela. Esta disputa armada dejó cientos de muertos y más de 100.000 desplazados, y se convirtió en una de las crisis humanitarias más serias en esa región en años recientes.
Ataques recientes
En las últimas semanas, el ELN ha llevado a cabo ataques con drones cargados de explosivos contra fuerzas del Estado en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Estas acciones han dejado un soldado fallecido y varios militares heridos, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a condenar enérgicamente la violencia y llamar al grupo a una reflexión sobre su papel en el conflicto.
Denuncias del Gobierno colombiano
El presidente Petro ha denunciado que la crisis en el Catatumbo constituye un “delito de lesa humanidad” debido al asesinato sistemático de campesinos y a la violencia indiscriminada que ha afectado a civiles en medio de la disputa armada. Además, ha cuestionado la narrativa guerrillera de paz, señalando que el ELN sigue utilizando a jóvenes colombianos y venezolanos para sostener la violencia, algo que —según él— beneficia a economías ilegales vinculadas al narcotráfico.
Fin de los diálogos de paz
Los diálogos con el ELN, que habían sido suspendidos el 17 de enero de 2025 debido a la escalada de violencia, no han sido retomados. El Gobierno mantiene que no existe voluntad real de paz por parte de la guerrilla mientras continúen las acciones armadas y los ataques contra la población civil y las fuerzas del orden.
Impacto para la población
La extensión de los enfrentamientos armados ha profundizado el sufrimiento de las comunidades rurales en el noreste colombiano, con miles de desplazados internos, pérdida de hogares y acceso limitado a servicios básicos. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han alertado sobre la necesidad de una respuesta urgente para proteger a la población civil atrapada en el conflicto.
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