La circulación de un video en redes sociales que muestra un carrotanque repartiendo agua con propaganda política de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo ha generado una fuerte controversia en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. El hecho ocurre en un contexto especialmente sensible: una crisis en el suministro de agua que afecta a la población desde hace semanas.
El caso tomó relevancia luego de que ciudadanos y líderes de opinión comenzaran a difundir imágenes del vehículo, en el que se observan claramente mensajes y logos asociados a campañas políticas. Según denuncias recogidas por medios y periodistas, el carrotanque estaría distribuyendo agua en algunos sectores del municipio, pero bajo condiciones que han despertado sospechas de posible proselitismo indebido.
De acuerdo con reportes periodísticos, la situación se da en medio de una alerta por baja disponibilidad de agua, lo que ha generado interrupciones en el servicio, baja presión y retrasos en el abastecimiento en varios barrios. Esta coyuntura ha obligado a implementar medidas alternativas como el uso de carrotanques para suplir la necesidad del líquido vital.
Sin embargo, las denuncias señalan que la entrega de agua no sería equitativa. Testimonios indican que el suministro estaría condicionado al registro previo de datos personales en planillas manejadas por presuntos equipos políticos, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una forma de presión electoral.
El periodista Jacobo Solano y otros denunciantes han afirmado que el agua incluso estaría siendo tomada de hidrantes públicos para su posterior distribución, lo que agrava la polémica al involucrar posibles irregularidades en el uso de recursos.
Además, se ha señalado que el carrotanque no ha dejado de operar pese a la controversia, lo que ha incrementado la indignación ciudadana y el debate en redes sociales.
Reacciones y silencio político
Hasta el momento, ni Ape Cuello ni Didier Lobo han emitido declaraciones públicas contundentes frente a las acusaciones. La ausencia de pronunciamientos ha sido criticada por sectores ciudadanos y algunos actores políticos, quienes exigen claridad sobre lo ocurrido.
Por su parte, voces críticas han calificado la situación como un posible caso de “clientelismo” o incluso de intercambio de ayudas por votos, lo cual, de comprobarse, podría constituir una falta grave dentro del marco electoral colombiano.
Contexto electoral y riesgos
El escándalo ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de 2026, un momento en el que aumentan las alertas sobre prácticas irregulares en campañas. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido sobre riesgos en distintas regiones del país, especialmente en zonas con condiciones de vulnerabilidad social.
El caso de Aguachica pone sobre la mesa un debate estructural: el uso de necesidades básicas, como el acceso al agua, en escenarios políticos. Para expertos, este tipo de denuncias reflejan la persistencia de prácticas que distorsionan la democracia y afectan la dignidad de las comunidades.
¿Hay investigaciones en curso?
Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la apertura de investigaciones por parte de entidades como la Registraduría o la Procuraduría. Sin embargo, la presión mediática y ciudadana podría derivar en acciones institucionales en los próximos días.
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