El juez Vladimir Fernández, quien previamente se desempeñó como secretario legal del presidente Gustavo Petro, está planeando enviar una petición formal a sus colegas del Tribunal Constitucional. El propósito de esta solicitud es solicitar la suspensión de la inversión que se destina a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. Esta acción ha comenzado a generar una serie de debates y análisis sobre la legalidad y el procedimiento que se debe seguir en este tipo de casos.
A través de esta petición, el juez Fernández buscará llamar la atención sobre los derechos de la Comisión de la Cámara de Representantes, que tiene la responsabilidad de examinar y, en su caso, sancionar a los altos funcionarios del gobierno, incluido el Presidente de la República. Sin embargo, se ha confirmado mediante una consulta realizada al Consejo de Estado que la competencia para examinar asuntos relacionados con la financiación de campaña recae en el Consejo Nacional Electoral, pero este examen se limita a los aspectos correspondientes a los candidatos.
El abogado Germán Calderón España, quien ha escalado en el sistema judicial hasta llegar a la corte constitucional, ha aclarado algunos aspectos legales con respecto a esta situación. Según él, el proyecto relacionado con la suspensión de los efectos legales de la resolución de la Cámara de Servicio Civil, así como la consulta planteada ante el Consejo de Estado, han sido presentados de acuerdo con las normativas vigentes. Calderón enfatizó que el juez Vladimir Fernández actúa dentro de los márgenes de la ley, y que el procedimiento seguido es correcto y debe ser tomado en serio en el contexto legal actual.
Un punto clave en la acción cautelar que ha presentado el Secretario Legal de Petro es que el propio presidente, Gustavo Petro, también formuló la consulta que se está revisando en la oficina encargada de la sala de consulta del Consejo del Estado. Esta situación pone de manifiesto la complejidad del asunto, ya que el Consejo Electoral Nacional ha sido reconocido por el Consejo de Estado como la entidad competente para manejar situaciones relacionadas con la financiación de campañas políticas.
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