El 14 de septiembre de 2025, un grupo de manifestantes que vivían en los Cerros Orientales de Bogotá bloquearon la Autopista Norte, lo que paralizó por completo la movilidad en ambos sentidos. Estas comunidades marcharon para exigir la legalización de sus barrios, la provisión de servicios básicos y el cumplimiento de una decisión del Consejo de Estado que ordena la protección y recuperación del ecosistema. Los manifestantes afirman que el gobierno no les ha dado respuestas reales a sus demandas.
Las autoridades de Bogotá se prepararon para una posible confrontación, mientras los manifestantes denunciaban una inminente represión. La comunidad señaló que la administración de Carlos Fernando Galán debe priorizar el diálogo y las soluciones, no la violencia contra quienes buscan una vida digna. A pesar de que la protesta comenzó de forma pacífica, la situación se tensó cuando un grupo de personas encapuchadas se unió al bloqueo.
Esto se sabe de las movilizaciones de comunidades de los Cerros Orientales en Bogotá
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Las autoridades informaron que los encapuchados llevaban gases pimienta y otros elementos contundentes, lo que incrementó el riesgo de enfrentamientos. La presencia de estos individuos en las protestas es un problema recurrente en Bogotá, ya que a menudo provocan confrontaciones con la fuerza pública, lo que deslegitima las demandas de los manifestantes pacíficos. Por lo tanto, esta situación genera una gran preocupación en la administración, que ha reiterado que el diálogo es el camino.
El problema de las comunidades de los Cerros Orientales tiene raíces profundas. Desde 1976, la Corte Suprema de Justicia ha protegido los cerros de Bogotá, declarándolos de utilidad pública. Sin embargo, las décadas de ocupación ilegal han causado un grave daño ambiental. En 2013, una decisión del Consejo de Estado ordenó a las autoridades desalojar a los invasores y recuperar los ecosistemas. Pero las comunidades, por su parte, argumentan que el Estado debe garantizar su derecho a una vivienda digna y a servicios básicos, en lugar de recurrir únicamente a los desalojos.
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La situación resalta la necesidad de una solución integral que aborde tanto la crisis social como la ambiental. Las comunidades exigen la legalización de los barrios que se construyeron en la zona de amortiguación, un área que se destina a la protección de los cerros. Un diálogo constructivo entre las comunidades y las autoridades puede ser la clave para resolver el conflicto sin recurrir a la violencia, lo que podría conducir a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
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