El episodio oscuro de la historia reciente de nuestro país retorna al ámbito del Centro de debate público, ahora con decisiones judiciales concretas que marcan un nuevo capítulo en la lucha por la verdad y la justicia. El lunes 6 de mayo, a las 20:00, la Oficina del Fiscal General anunció la formulación de una resolución de acusación en contra de 14 exmiembros de la policía nacional. Esta acusación se relaciona directamente con la desaparición forzada de 14 personas, incidentes que ocurrieron entre marzo y septiembre de 1982. «Collective 82» abarca operaciones que se llevaron a cabo en ciudades como Bogotá y Gachalá (Cundinamarca) y se reconocen como unas de las violaciones más graves de los derechos humanos, atribuidas a miembros de la fuerza pública durante este periodo sombrío.
De acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especializado en derechos humanos, se alega que las acciones de estos exfuncionarios estaban supuestamente justificadas por la premisa de rescatar a tres menores que habían sido secuestrados. Sin embargo, la estrategia empleada incluía prácticas como los arrestos arbitrarios, con la detención de un niño durante varios días en la estación de policía y la desaparición de siete estudiantes universitarios, así como de otros ciudadanos inocentes. La desgarradora realidad es que la mayoría de las víctimas aún carecen de justicia, ya que han pasado más de cuatro décadas desde la comisión de estos delitos atroces.
Deuda
El fiscal del caso ha declarado que existe una evidencia abrumadora que pone en tela de juicio las exclusiones de lo que se considera un crimen de lesa humanidad. Esta ejecución criminal no ha cesado, ya que, hasta el día de hoy, el paradero de las víctimas sigue siendo un misterio. Por lo tanto, además de presentar la acusación por el delito de desaparición forzada, se han dictado medidas de garantía preventiva para los 14 exfuncionarios, los cuales deberán responder desde sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
Entre los acusados se encuentra un alto mando que incluye al general de brigada Yanine Díaz y a otros oficiales de pensiones como Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo. También están implicados NCOs y agentes tales como José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero, Josué Rafael Cobos Silva, Henry Espitia Díaz, Benedict Lara, Adrián Vilamizar Jaims, José David Quesada y Jorge Elieper Barbos Sánchez.
Investigación reactivada por la Corte Suprema
Este proceso había permanecido en la oscuridad durante años, hasta que la Corte Suprema, el 22 de junio de 2011, ordenó la revisión del caso, impulsando así su revelación. Desde esa fecha, la oficina del fiscal ha reconstruido los hechos basándose en nuevos testimonios y documentación, revelando que los acusados formaban parte de estructuras como el departamento de investigación, la policía judicial y las estadísticas penales (DPEC). Estas entidades, que contaban con amplios poderes operativos, en vez de garantizar la justicia, se organizaban con grupos criminales para implementar métodos ilegales que ahora se encuentran sujetos a justificaciones inverosímiles.
La detención preventiva establecida se justifica, según el fiscal, no solo por la gravedad de los actos cometidos, sino también como una medida para «evitar actividades criminales continuas,» dado que es un delito de naturaleza permanente. Esta decisión es considerada histórica por parte de los familiares de las víctimas, quienes han solicitado incansablemente verdad, justicia y garantías que eviten la repetición de tales atrocidades a lo largo de los años.
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