La polémica intervención del parque Santander, ubicado en el corazón de Mocoa, Putumayo, se ha convertido en el centro de una acción judicial que compromete al exgobernador Jimmy Harold Díaz Burbano. La obra, ejecutada sin estudios técnicos ni permisos legales, fue el detonante de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el ente acusador, la decisión de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio para permitir la ejecución del proyecto sobre un bien catalogado como cultural y patrimonial encendió las alarmas entre los entes de control y la ciudadanía. Esta alteración normativa posibilitó la firma de un contrato por más de 7.838 millones de pesos, destinado a la remodelación del parque central, pese a que no existían las licencias de construcción ni los estudios ambientales requeridos por la ley.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Díaz Burbano por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, luego de evidenciarse múltiples irregularidades en la gestión de la obra. Según la Fiscalía, el contrato fue suscrito el 16 de diciembre de 2015, en los últimos días de su administración, y estuvo acompañado de decisiones administrativas cuestionables que vulneraron las normas de planeación y patrimonio.
El acto judicial se llevó a cabo ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, donde se reveló que el proyecto fue gestionado ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Sur para obtener financiación con recursos de regalías. Sin embargo, la propuesta fue presentada sin los permisos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ni la autorización del Ministerio de Vivienda, los cuales habían emitido dictámenes negativos previos.
En su informe, la Fiscalía detalló que el contrato contemplaba la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles, afectando el ecosistema urbano y el hábitat de la fauna silvestre. Las obras incluían la construcción de un parqueadero, vías y zonas de recreación, pese a la oposición de la comunidad y a los conceptos técnicos desfavorables de los organismos competentes.
El proceso judicial expuso que la justificación técnica, jurídica, ambiental y administrativa del proyecto carecía de estudios integrales de conveniencia y oportunidad, y que la administración habría alterado las normas urbanas para lograr su viabilidad. Estas actuaciones desconocieron el carácter patrimonial del parque, lo que legalmente impedía cualquier tipo de modificación en el uso del suelo.
Cabe recordar que el exgobernador Jimmy Harold Díaz Burbano ya enfrenta una condena previa: en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó una pena de 9 años y 11 meses de prisión en su contra por delitos relacionados con minería ilegal, incluyendo concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y receptación.
La nueva imputación por el caso del parque Santander se suma a su historial judicial y refuerza los cuestionamientos sobre su gestión al frente de la Gobernación del Putumayo, en la que, según los entes de control, primó la improvisación sobre la legalidad.
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