El escenario político y administrativo del Huila entra en un nivel de inseguridad jurídica tras la aprobación de una demanda de nulidad de elección contra la elección de Wilson Díaz Sterling como inspector departamental para el período 20262029. La decisión fue aprobada por el Tribunal Administrativo del Huila, que dio paso a una investigación de fondo del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Carlos Alberto López López.
La acción legal pone en duda el proceso que lleva a cabo la Cámara de Diputados del Huila, organismo encargado de seleccionar al titular de la Inspección Fiscal del Estado en el departamento. Según el demandante, existió una supuesta irregularidad en el proceso electoral que afectaría la legalidad del acto administrativo en el que se nombró a Díaz Sterling.
Argumento
Uno de los principales argumentos de la demanda tiene que ver con la supuesta incompetencia. López López alega que Wilson Díaz Sterling se había desempeñado anteriormente como único notario público en el municipio de Aipe, condición que -según la interpretación del demandante- le habría impedido aspirar y ser elegido para el cargo de inspector de barrio, conforme al actual régimen de incapacidad e inconsistencia.
A esta afirmación se suma otro aspecto clave del recurso: la supuesta irregularidad del período de custodia. El demandado afirma que el nombramiento del funcionario no se produjo dentro de los plazos previstos por el reglamento, lo que, en su opinión, menoscabaría la validez de la ley electoral.
Como parte del proceso, el demandante solicitó al tribunal que se suspenda a Wilson Díaz Sterling hasta que se emita un fallo definitivo. Esta precaución busca impedir que el funcionario continúe en su cargo en caso de que se confirme la nulidad del proceso electoral.
Ante este pedido, el juez Ramiro Aponte Pino, ponente del caso, ordenó el traslado por cinco días tanto del Inspector demandado como de la Cámara del Huila, para que presenten sus argumentos y ejerzan su derecho a defenderse.
Una vez vencido ese plazo, el tribunal deberá decidir si aprueba o no la suspensión temporal, decisión que fijará la política de control financiero inmediato del departamento. Mientras tanto, el caso mantiene la atención del ámbito político y jurídico regional, a la espera de un fallo que pueda tener un gran impacto en las instituciones.
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