Barranquilla, 28 de septiembre de 2025 — La Procuraduría General de la Nación ha elevado un reclamo formal a las autoridades distritales de Barranquilla tras una emergencia sanitaria provocada por el consumo de licor adulterado, cuya cifra oficial de víctimas mortales alcanza al menos 11 personas, con varias más hospitalizadas.
Contexto del caso
El episodio comenzó alrededor del 23 de septiembre, cuando empezaron a reportarse casos de intoxicación masiva en distintos puntos de la ciudad. Según los primeros reportes periodísticos y de las autoridades, las personas afectadas consumieron una bebida artesana conocida localmente como “cococho”, presuntamente adulterada con metanol (alcohol metílico), una sustancia altamente tóxica.
La intoxicación provocó un cuadro clínico grave en muchos afectados: dolores abdominales intensos, alteraciones del estado de conciencia, dificultad respiratoria y otros síntomas típicos de intoxicación por alcohol de tipo industrial.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el lugar donde se habría producido el “cococho” sería una vivienda que estaría bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el sector conocido como El Boliche, al interior de Barranquilla.
El presunto fabricante identificado es Nicolás Manuel Medrano. Según las investigaciones preliminares, él mismo resultó muerto tras probar la sustancia, pero no antes de distribuir parte del lote venenoso en barrios vulnerables como San Roque y Rebolo.
Durante operativos recientes, la policía ha decomisado centenares de botellas vacías, recipientes que contenían licor presuntamente adulterado, tapas, estampillas y otros elementos empleados en la falsificación del producto.
El Distrito y las entidades de salud han confirmado que entre los afectados hay personas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Algunas ya han fallecido tras complicaciones, mientras que otras continúan en estado crítico.
Además, informes señalan que la tragedia podría extenderse: algunas personas que consumieron ese licor aún no han sido identificadas, y existiría la posibilidad de que queden lotes en circulación que no han sido incautados aún.
Este no es un episodio aislado en la región. Barranquilla ya ha sido epicentro de intoxicaciones por licor adulterado en décadas anteriores (por ejemplo, 1989 y 2004), con escenarios similares de muertes masivas.
Acción de la Procuraduría y exigencias al Distrito
En su oficio, la Procuraduría instó con carácter urgente a las secretarías de Gobierno y de Salud del Distrito para que informen detalladamente las medidas que han adoptado hasta ahora frente a la emergencia: los controles implementados, decomisos realizados, y el plan para identificar y judicializar a los responsables.
También exigió datos sobre cómo se ha ejercido vigilancia sobre los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, además de solicitar la elaboración de estrategias de prevención ciudadana y campañas pedagógicas para alertar a la población sobre los riesgos del consumo de alcohol de procedencia desconocida.
Como forma de coordinación institucional, la Procuraduría sugirió la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que reúna a todas las autoridades involucradas —Departamento de Salud, Policía, Fiscalía, Distrital, entre otros— para articular acciones conjuntas que permitan contener la crisis.
La entidad de control dijo que la situación amerita un escrutinio riguroso de las actuaciones institucionales previas y presentes, pues está claramente en riesgo el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos.
Retos, implicaciones y vías de solución
Este episodio pone en evidencia varios desafíos estructurales:
- La existencia de redes informales que fabrican y distribuyen alcohol adulterado en zonas vulnerables con poca supervisión estatal.
- Fallas en la fiscalización de inmuebles con usos dudosos, incluso cuando algunos de esos inmuebles podrían estar bajo alguna administración estatal o en predios públicos.
- Necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria y de control en expendios, mercados informales y locales sin registro oficial.
- La urgencia de alertas tempranas y campañas de educación para que la población identifique señales de peligro en bebidas artesanales o baratas.
- Coordinación interinstitucional efectiva entre entidades de salud, control estatal, policía y justicia.
Si las autoridades no responden con rapidez y contundencia, existe el riesgo de aparición de nuevos casos, dada la circulación de lotes potencialmente peligrosos que aún no han sido detectados.
Este caso, además, plantea preguntas sobre responsabilidades institucionales y el grado de control que tenían autoridades locales sobre un inmueble que, según la alarma, era usado para actividades ilícitas. La vigilancia y la prevención deberán demostrar que no hubo negligencia que facilitara esta tragedia.
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