Este jueves 18 de diciembre, la Corte Suprema de Bogotá ordenó medida de seguridad penitenciaria contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con el fraude a la División Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión fue aprobada por la jueza Aura Rosero Baquero, quien consideró que no se cumplían las condiciones legales para otorgarles arresto domiciliario, pese al pedido del Ministerio Público. En cuanto a la togada, el investigador no sustentó suficientemente por qué los exfuncionarios podrían estar fuera de la institución penitenciaria.
Mandato judicial
Durante la audiencia, el tribunal señaló que, según documentos fiscales, Bonilla y Velasco habían jugado un papel decisivo dentro de la supuesta red de corrupción, por lo que la medida de seguridad en el domicilio no era proporcionada a la misma. El juez advirtió que el arresto domiciliario podría convertirse en una mera medida de trámite, sin el impacto que requiere la gravedad del caso.
En consecuencia, se ordenó la inmediata detención de ambos exministros, quienes enfrentarán un juicio sin su libertad. Tras conocer la decisión, tanto el Fiscal General como los abogados defensores de Bonilla y Velasco interpusieron un recurso de apelación contra la medida.
Acusaciones graves
Según la fiscalía, los exfuncionarios participarían en una trama criminal destinada a comprar apoyo político en el parlamento republicano, mediante la adjudicación irregular de contratos públicos. Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la ejecución de contratos y cohecho mediante donación u ofrecimiento.
Los fiscales afirman que para 2023, Bonilla y Velasco habían comprometido más de 612 mil millones de pesos en contratos, con el objetivo de conseguir votos favorables para proyectos clave del gobierno nacional, incluidas las reformas de pensiones y salud.
Según la investigación, se intentaron 174 proyectos de Invías por casi 571 mil millones de pesos, así como cinco proyectos adicionales de Ungrd por más de 40 mil millones de pesos, poniendo en riesgo al erario estatal.
Bonilla y Velasco se declararon inocentes y dijeron que demostrarían su inocencia durante el juicio. Sin embargo, mientras continúa el proceso, ambos deberán preparar su defensa desde un centro penitenciario, tal como lo ordenó la Corte Suprema en Bogotá.
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