En medio de operativos sorpresa que encendieron las alarmas en el sector productivo, las autoridades de salud intensificaron los controles en fábricas de balones, tras evidenciar posibles riesgos que podrían afectar tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. La intervención, liderada por la Secretaría de Salud en articulación con la Inspección de Policía, dejó al descubierto varias irregularidades que obligaron a emitir advertencias inmediatas y reforzar la vigilancia sobre este tipo de establecimientos.
Durante las visitas, los funcionarios realizaron una revisión detallada de la documentación exigida por la normativa vigente, como el uso de suelo, el concepto sanitario y el registro actualizado ante la Cámara de Comercio. Aunque algunos talleres cumplían con los requisitos básicos para operar, otros quedaron en evidencia por fallas administrativas y técnicas que podrían comprometer la legalidad de su funcionamiento e incluso derivar en sanciones.
Uno de los puntos más críticos detectados fue la inadecuada disposición de residuos derivados del proceso de fabricación, especialmente el conocido “retal”, un material que, si no es manejado correctamente, puede convertirse en un foco de contaminación ambiental. Estos desechos, en algunos casos, eran almacenados sin control o eliminados de forma inapropiada, generando riesgos tanto para el entorno como para la salud de quienes trabajan en estos espacios.
A esto se suman prácticas deficientes en el manejo de sustancias químicas utilizadas en la producción, como pegantes y solventes, que pueden representar un peligro silencioso al afectar las vías respiratorias y la piel de los operarios. La falta de elementos de protección personal y de protocolos adecuados incrementa aún más el nivel de riesgo dentro de estos entornos laborales.
Las autoridades no solo hicieron llamados de atención, sino que también brindaron orientación técnica a los propietarios para corregir las fallas detectadas y avanzar hacia procesos más seguros y sostenibles. Sin embargo, el mensaje fue claro: quienes no cumplan con las exigencias legales podrían enfrentar sanciones, cierres temporales o definitivos.
“Estas acciones buscan que los establecimientos operen de forma segura y responsable”, explicó Paula Almonacid, destacando la importancia de proteger la salud pública y el medio ambiente. El operativo deja claro que los controles continuarán y que la lupa de las autoridades seguirá puesta sobre este sector, donde cualquier descuido podría tener consecuencias mayores.
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