Durante los últimos días, la Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció el hallazgo y la desarticulación de una red ilícita que habría operado para infiltrarse en el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro. Esta operación ha sacudido los cimientos del aparato de protección presidencial y ha generado interrogantes sobre los fallos en el sistema de control de información clasificada y el manejo de la seguridad en la Fuerza Pública.
¿Qué descubrió la Fiscalía?
Según la Fiscalía, el entramado estaba compuesto por dos militares activos y una civil que se hizo pasar por oficial. Estos individuos habrían accedido a reuniones de inteligencia, operativos criminales y planes de seguridad presidencial.
Los involucrados han sido identificados como:
- Mayor Pedronel Jiménez Cárdenas
- Sargento segundo Cristian Padilla Villanueva
- Luisa Fernanda Salgado Fernández
La mujer habría operado bajo el alias de “capitán” y se presentó como oficial, lo que le permitió ingresar a instalaciones del Ejército y asistir a reuniones operativas confidenciales.
Entre los hechos atribuibles al caso:
- Salgado tuvo 36 ingresos documentados a instalaciones militares y reuniones estratégicas.
- El mayor Jiménez y el sargento Padilla facilitaron su acceso, brindaron “coartadas” y permitieron que se presentara como oficial legítima.
- Jiménez también habría revelado detalles sobre movimientos del batallón, logística de operaciones, uso de drones y comunicaciones, lo que permitió el acceso estratégico a información sensible.
- La investigación sostiene que la red se infiltrar en el tercer anillo de protección presidencial, es decir, no la línea más cercana al presidente, pero que aún así tuvo acceso a información importante del perímetro y rutas de tránsito presidencial.
- La operación encubierta incluso tenía su base funcional en un local comercial en Bogotá, que fungía como fachada para coordinar la red, ubicado cerca de la Plaza España.
Los delitos por los cuales la Fiscalía imputó a los presuntos implicados incluyen:
- Simulación de investidura o cargo
- Revelación de secreto
- Concierto para delinquir agravado
- Fraude procesal
- Prevaricato por omisión (en algunos casos)
Reacciones oficiales e implicaciones institucionales
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que si bien los implicados “tuvieron relación con una de las unidades que brinda la seguridad presidencial”, no hubo vulneración del núcleo más cerrado del presidente, ni conocimiento directo de toda su agenda o detalles íntimos de protección.
Sánchez subrayó que los involucrados tuvieron acceso al perímetro de tránsito y rutas generales, pero no al círculo más interno: “no está afectada, ni fue vulnerada la seguridad del señor presidente”.
Este caso aviva denuncias previas del presidente Petro sobre infiltraciones en la Fuerza Pública. En meses recientes, el presidente había denunciado que “la Policía está fuertemente infiltrada” luego de un atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Además, en septiembre, Petro removió al inspector general de las Fuerzas Militares, general Hernando Garzón Rey, citando “fuertes indicios de asociación” con estructuras ligadas al narcotráfico.
El caso también resuena con denuncias anteriores del suboficial David Rubiano, quien en mayo advirtió la presencia de una mujer presentada como oficial —alias “Stefanny”— en el Batallón Guardia Presidencial. Esa persona presenciaba reuniones operacionales incluso habiéndose detectado que no era agente policial real.
Según El Tiempo, Rubiano dijo que su denuncia fue presentada primero ante los medios porque no había recibido atención institucional adecuada, y que fue consciente de exponerse, pero consideraba que su seguridad estaba en riesgo.
Riesgos y desafíos de seguridad
Aunque la Fiscalía y el Ministerio de Defensa intentan minimizar el impacto, el caso revela varias vulnerabilidades:
- Control de acceso a información clasificada. Que una persona que no es oficial pueda asistir repetidamente a reuniones de inteligencia sugiere fallos en los filtros de verificación institucional.
- Coordinación entre unidades de protección. La infiltración logró moverse entre unidades de protección y logística militar, lo que plantea dudas estructurales sobre los protocolos de seguridad.
- Red interna y corrupción. La confluencia de militares activos y un civil infiltrado indica un esquema de cooperación dentro de las Fuerzas Militares que amerita una investigación más profunda.
- Confianza institucional. La población y los organismos de control exigirán respuestas sobre cómo se permitió que un esquema así operara sin detección durante más de un año.
- Relaciones con grupos criminales. Dado que la red obtuvo información sobre operativos contra organizaciones como el Tren de Aragua, podrían existir vínculos indirectos o influencias criminales que ameritan una mirada adicional.
Estado procesal
Hasta el momento:
- Se han materializado capturas en Bogotá y en otras instalaciones del Ejército.
- La Fiscalía ya imputó cargos por los delitos mencionados.
- Se ha solicitado medida de aseguramiento en centro carcelario para Jiménez, Padilla y Salgado.
- El juicio y las investigaciones seguirán desarrollándose en instancias judiciales competentes, con estudio de pruebas (testimonios, documentos de inteligencia, registros de acceso, comunicaciones).
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