La Fiscalía General de la República anunció el lunes 1 de diciembre de 2025 que presentará cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Ministerio de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) por su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD.
Según la Fiscalía, los exministros serán procesados por delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la ejecución de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Las audiencias de formulación de cargos se realizarán prácticamente el lunes ante la Corte Suprema de Bogotá, y están previstas para las 9:00 de la mañana.
Acusaciones de la Fiscalía: contratos por 92.000 millones y «compra» de parlamentarios
La investigación señala que Bonilla y Velasco, durante su gestión, habrían intervenido contratos por valor de unos 92.000 millones de pesos, destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, con fondos dirigidos a la UNGRD.
Según declaraciones de un exasesor -que aceptó el principio de oportunidad para los fiscales- estos contratos habrían sido tramitados con la intención de beneficiar a ciertos parlamentarios para que votaran por el crédito solicitado por el Gobierno nacional.
Los fiscales sostienen que el plan no fue un hecho aislado, sino que operó durante el tiempo en que ambos ocupaban sus cargos ministeriales, lo que es indicativo de la «permanencia del delito».
Solicitud de cárcel y consecuencias disciplinarias
Dada la magnitud de los hechos denunciados, la Fiscalía solicitará la libertad de seguridad -es decir, prisión preventiva- contra Bonilla y Velasco.
Además, la acusación tendrá un efecto inmediato en el proceso disciplinario iniciado contra él por el fiscal del Estado, que podría dar lugar a sanciones adicionales si se confirman las irregularidades.
Respuesta del gobierno y seguimiento del proceso
El presidente Gustavo Petro respondió afirmando que «no ha salido ni un peso», en referencia al escándalo, señalando que los funcionarios involucrados ya habían sido destituidos de sus cargos.
Al mismo tiempo, no sólo los ex ministros, sino también otros involucrados en el sistema, como los ex directores de la UNGRD y parlamentarios que habrían recibido estos contratos, aún están bajo investigación.
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