En Bogotá 1.980 grupos de civiles con 46.000 integrantes informan a la Policía sobre acciones “sospechosas”. Su falta de regulación y extralimitaciones generan preocupación. A la par, la Alcaldía impulsa iniciativas como los “Guardianes del Orden” (con exagentes de la fuerza pública) recordando modelos como las Convivir.
Hay ojos que detrás de la cortina de una ventana, desde un local comercial, algún vehículo, sentados en una banca o sacando a los perros al parque, siempre vigilan, sospechan, perfilan y alertan comportamientos “indebidos” que acontecen día a día en los barrios en Bogotá. Son las personas que pertenecen a los Frentes de Seguridad Local (FSL) que alertan en su grupo de Whatsapp, actúan ellos mismos o llaman directamente a la Policía para que reaccione ante el aviso.
Estos frentes de seguridad son “organizaciones cívicas voluntarias, de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional donde sus asociados deciden organizarse para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana”1, y para su impulso, conformación y funcionamiento actúa la Policía del cuadrante, el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, la Estación de la zona, las Juntas de Acción Comunal (JAC), las alcaldías locales y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. En Bogotá son impulsadas por comerciantes, por la seguridad privada de algún edificio y los más comunes son los de ámbito barrial.
“Tienen una doble función. Una, generar lazos de confianza entre la Policía y la comunidad, para mejorar la percepción de la ciudadanía. Dos, que la Policía tenga una acción más inmediata para la persecución de algunos delitos. Estudios sugieren que la correlación entre tener un frente de seguridad y la reducción de los índices de delitos en zonas determinadas es correcta. Sin embargo, eso es una lógica sumamente milimétrica porque funcionan prácticamente cuadra a cuadra. ¿Qué pasa en la actualidad? Cuando empezó el periodo de Galán hasta el día de hoy se han creado más de 500 FSL, pero las percepciones de seguridad no han variado considerablemente en la ciudad, se mantiene cerca a casi el 50 por ciento de la población en la ciudad”, dijo Nicolás León Rodríguez, investigador de la línea de paz, seguridad y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, en entrevista con desdeabajo.
En abril de 2024, según la página gubernamental Datos Abiertos, Bogotá contó con 24.032 ciudadanos activos en estos frentes en las 20 localidades (ver gráfico 1) y actualmente la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia afirma que la ciudad cuenta con más de 1.980 FSL en los que participan alrededor de 46.000 personas2. Una estrategia de seguridad y un fenómeno social sobre el cual no hay mucha investigación. Se desconocen sus alcances reales y qué hay detrás de su ejecución en los casi 1.930 barrios con los que cuenta Bogotá. Estrategia además replicada en todo el territorio nacional.
Extralimitaciones en Frentes de Seguridad Local
Estos Frentes de Seguridad no son nuevos, es un programa que empezó a implementarse desde el gobierno distrital de Andrés Pastrana Arango (1988-1990) el cual creó el Programa El Buen Vecino, constituyendo una modalidad previa de los FSL en la ciudad, siguiendo una estructura similar a la del programa estadounidense de “seguridad comunitaria” llamado Neighborhood Crime Watch3. Programa creado al final de la década de los 60 en este país y actualmente esparcido por Europa, Canadá, países de África del Este y América Latina como una estrategia cívico-policial enfocada a la prevención del crimen.
En 1987 Dennis P. Rosenbaum, un reconocido criminólogo, profesor emérito de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y ex decano de la Escuela de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, después de realizar un seguimiento a estos programas en Inglaterra, consideró: “que no está probado que este tipo de medidas reduzcan objetivamente la inseguridad, pero que sí despiertan intolerancia y ‘sospecha’ hacia todo forastero, desencadenando prejuicios raciales y clasistas”4.
Guillermo Maecha Cruz, es abogado con especialización en derechos humanos, explicó, parafraseando a Jean-Jacques Rousseau, que el contrato social implica que los individuos renuncian a algunos de sus derechos naturales a cambio de protección y bienestar colectivo. “El objetivo es encontrar una forma de asociación que proteja a cada individuo y sus bienes manteniendo la libertad individual y la seguridad”, contó el abogado en entrevista con desdeabajo. Él vive en el barrio Mirandela, localidad de Suba, en donde la comunidad se queja con reiteración por las extra limitaciones del FSL asociado a la JAC del barrio.
“Contaré lo que pasó a un muchacho que por temor a su seguridad no quiere dar entrevista. Él estaba en un parque y unas personas con chaquetas de color verde fluorescente y con símbolos distintivos de la institucionalidad policial, parecían Sijin, lo golpearon y llevaron hacia una camioneta y con electrochoque le hicieron varias descargas. ¿En este caso qué competencia puede tener este cuerpo policial de naturaleza paramilitar? Hay presuntas versiones de tortura. Han cogido muchachos, los han desnudado, les han colocado teaser, los han intimidado por el solo hecho de estar consumiendo marihuana en un parque. ¿Hasta qué punto puede una persona tener autonomía y autoridad para intimidar a estos consumidores? Bien sea alcohol o sustancias psicoactivas no quiere decir que sean delincuentes. Estos FSL discriminan a consumidores, hasta el punto de poner en peligro su vida; deben ser regulados para que no vulneren derechos fundamentales” contó el abogado.
Escenober Restrepo es una persona que actualmente se reconoce como miembro de este FSL. En su perfil de Facebook y en la misma red social de la JAC publicó un vídeo en septiembre de 2021 junto con José Jaime Uscategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, en el que se aprecia que este les regaló unos radios para su frente de seguridad. Además, esa noche, los miembros del frente borraron unas “imágenes horrorosas” en un puente de la calle 183. No es casualidad que, por mencionar dos hechos, el 9 de septiembre de 2020, tras el asesinato de Javier Ordoñez por parte de la Policía, hayan quedado 72 CAI incinerados5 y solo la noche del 4 de mayo, en el transcurso del estallido social en el 2021, 15 CAI fueron incendiados en Bogotá6. Los FSL van en aumento, con misión también de mejorar las relaciones entre la Policía y la comunidad, necesidad indispensable después del hastío que tiene acumulada la población contra esta institución.
“Políticos vinculados a estrategias electorales en Bogotá los han tomado como un fortín para ganar capital social y político. Conforman un FSL y a partir de allí están captando un capital electoral en determinados sectores sociales y barrios. Es una estrategia creciente, sobre todo, con la nueva ola de los discursos populistas de derecha”, expresó Nicolás León Rodríguez.
Para Mauro Esguerra, líder social del barrio La Paz en Bosa, y quien fue gestor preventivo alrededor del código de convivencia, los FSL no tienen competencias policiacas y mucho menos militares. Sobre el caso del barrio Mirandela, manifestó: “Tenemos la discusión de que son acciones paramilitares. Efectivamente lo son. Pero debemos es hablar de frentes del cuidado articulados con distintas instituciones del Distrito. No está articulada la Secretaria de la Mujer y la prevención de violencias basadas en género. Estos FSL solo tienen características comunales y no crean redes de cuidado alrededor de los colegios públicos, que sí lo necesitan. ¿Cuál es la forma en la que la Alcaldía los regula? ¿Qué tipo de presupuesto se destina a ello?”.
Las inquietudes que existen sobre esta dinámica de seguridad son múltiples. La alarma se prendió recientemente cuando Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció que a partir del mes de mayo entrará en funcionamiento la estrategia de “Guardianes del orden”, un grupo integrado en parte por miembros retirados de la fuerza pública para atender temas como ruido, disputas por mascotas y uso del espacio público. “El Alcalde prometió que iba a reforzar el pie de fuerza de Policía con 2000 hombres y esa promesa no la va a poder cumplir. Ahora creó esta figura de Guardianes del orden, como si eso nos fuera a dar más calma. ¿Cómo un miembro retirado de la fuerza pública va a tener la capacidad de dirimir un tema relacionado con la convivencia? Es algo absurdo. Están acostumbrados a una lógica castrense y de conflicto armado. Estrategia que sí está mucho más cercana a dar unos pasos hacia la privatización de la seguridad y acercarnos a viejos fenómenos como las Convivir”, argumentó Nicolás León Rodríguez.
El negocio de la seguridad
El sector de vigilancia y seguridad privada representa en Colombia el 1,6 por ciento del PIB, genera cerca de 10,5 billones de pesos anuales y cuenta con cerca de 400.000 trabajadores directos –casi tres veces el personal de la Policía Nacional–. En solo Bogotá laboran 120 mil vigilantes privados, 40 mil por turno, mientras la Policía, en vigilancia, no salen mas de cuatro mil por turno, es decir, hay 10 veces más vigilantes privados que policías7. En marzo de 2024 se dio el encuentro “Cumbre extraordinaria por la seguridad en Bogotá”, a la que asistieron cerca de 1.000 empresas de seguridad para conformar alianzas públicos-privadas. Allí, el Comandante General de la Policía de Bogotá, José Daniel Gualdrón, anunció que darán capacitaciones especializadas para los guardas de seguridad en perfilamiento ya que “esa información es importante para nosotros”, y en contraprestación algunas de estas empresas ofrecerán, entre otros, capital humano, cámaras de vigilancia, motorizados, drones e inteligencia artificial8.
La Asociación de Copropiedades y entes jurídicos vecinos del obelisco de Ciudad Salitre (Asobel) ubicada al occidente de Bogotá, cuenta con su FSL, y los conjuntos residenciales del sector votan en sus asambleas si quieren pertenecer a la asociación o no. Al hacerlo pagan una suma de dinero anualmente para obtener, entre otros, un servicio de 4 hombres motorizados de alguna empresa de seguridad privada que rondan por el sector y realizan operativos de control social y seguridad, como: retiro de personas que consumen alucinógenos, de borrachos, como de habitantes de calle; seguimiento a extranjeros sospechosos, retiro de vendedores informales, seguimiento de personas y vehículos sospechosos, capturas, atención a riñas, apoyo incidentes y reporte a la Policía de actos delictivos y sospechosos.
Asobel, mes a mes, distribuye un periódico impreso con los resultados de sus operativos de seguridad, que aumentan o disminuyen, sin abordar las causas estructurales que propician la informalidad, el atraco, la indigencia o el abuso de drogas psicoactivas. Al repetirse el ciclo, el negocio de la inseguridad se convierte en provechoso y altamente rentable. Un modelo de negocio que han querido replicar en el barrio Mirandela, pero que ha tenido resistencia por parte de la comunidad.
Aparte de la vigilancia, segundo a segundo, en los celulares, redes sociales y plataformas de búsqueda que tienen en funcionamiento las empresas privadas y gubernamentales, las 46.000 personas que hoy pertenecen a los FLS tienen controles de pánico, cámaras de seguridad, patrullan en carros, caminando o circulando en motos alrededor de parques, calles y zonas públicas entre los barrios y, además, suministran información a la Policía consolidando un sistema de hipervigilancia cuadra a cuadra, en colaboración de empresas de seguridad privada que también apoyan a los cuadrantes.
Tanto Guillermo Maecha, como Mauro Esguerra, coinciden que los FSL ayudan a aumentar los linchamientos o la mal llamada “paloterapia”, que son golpizas propinadas a los ladrones o supuestos ladrones. “Ellos [la Policía] saben que en todo caso el presunto delincuente saldrá libre por ser presentado golpeado ante un juez ¿Obstruir la justicia? Es todo lo que puedo decir”, precisó Mauro Esguerra. Minuto a minuto de lunes a domingo, están dispuestos y activos 46.000 ojos que observan, animados por su “policía interior”, en cada rincón de Bogotá. Sospechan, perfilan, actúan e informan. ¿Qué está haciendo con esta información la Policía a nivel Bogotá y a nivel nacional? desdeabajo intentó comunicarse con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Bogotá en procura de respuesta a este interrogante, pero no logró respuesta alguna.
1 Frentes de Seguridad. www.policia.gov.co
2 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. (02/07/2025) Más de 46.000 personas se han vinculado a Frentes de Seguridad en Bogotá. www.scj.gov.co
3 Moreno Mojica, Paola. (2008). “Relaciones entre capital social y la seguridad personal: revisión conceptual y análisis del programa Frentes de Seguridad Local en Bogotá”, Papel Político, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. (Colombia), Vol. 13, No. 1, 169-195, enero-junio 2008 p. 185.
4 Ibíd., p. 184.
5 Cantillo, Jorge. (10/09/20) “Noche de furia en Bogotá: por qué cientos de personas salieron a quemar las estaciones de policía”. www.infobae.com
6 Pardo, Daniel. (06/05/21) “Protestas en Colombia: por qué el choque entre manifestantes y policías es tan profundo (y cómo los CAI se convirtieron en un símbolo de lucha)” www.bbc.com
7 Velázquez Acero, Hugo. (12 de mayo 2024) “Seguridad privada y seguridad ciudadana”. www.razonpublica.com
8 Noticias Caracol. (01/03/24) “Nos cansamos de los ladrones”: así funcionan los frentes de seguridad en Bogotá. www.youtube.com
