Alcalde habría proporcionado contratos millonarios irregularmente.
Escribiendo
Lenito Castro, el alcalde de Castilla La Nueva, se encuentra en el epicentro de una controversia relacionada con la asignación directa de contratos millonarios a una empresa llamada JM SAS Stocks and Transport. Durante el año 2024 y hasta la fecha en 2025, esta empresa supuestamente ha sido favorecida con la obtención de 9 contratos que suman más de $3,737 millones. La naturaleza de estos contratos, así como el número de ellos, ha levantado preocupaciones serias sobre la transparencia y la legalidad del proceso de adjudicación. De hecho, se mencionan un total de 7 individuos en relación con estas transacciones, lo que ha provocado un debate sobre la posible irregularidad en la contratación pública.
Recluta
Si bien realizar pagos de manera directa no es necesariamente ilegal, el uso recurrente del mismo proveedor puede ir en contra de los principios fundamentales de diversidad y transparencia que la ley de 1993 establece claramente para los procesos de licitación. La ley busca asegurar que haya competencia y equidad en la adjudicación de contratos públicos, y las acciones del alcalde podrían violar estas normas fundamentales.
La representante legal de esta empresa, Milena Virguez Parrado, es una ciudadana del municipio de Acacías. Según varias publicaciones no oficiales, se sugiere que ella podría estar actuando como testaferro para Jorge Oswaldo Echeverry Ramírez, quien fue un exministro en el gobierno de Mapiripán en el año 2023. Se añadió que Echeverry, quien no tiene imágenes registradas en el sistema SIGEP y evita al máximo la exposición pública, en realidad podría estar orquestando la gestión del contrato desde detrás de las sombras. Esto sugiere que hay intereses ocultos que podrían estar influyendo en la adjudicación de estos contratos.
Dinero
Los montos asignados en los contratos son variados, pero se estima que van desde $35 millones hasta unos exorbitantes $2,572 millones, siendo este último el destinado para la organización del Festival de Agricultores y la Cultura Llanera, programado para mayo de 2025. Este patrón de acumulación de contratos por parte de una sola entidad genera una hipótesis que indica un intento deliberado de eludir la competencia justa en el sector público, lo que es alarmante para los ciudadanos y las autoridades por igual.
A raíz de estos serios alegatos, la ciudadanía ha solicitado acciones concretas, pidiendo al comandante, así como a la oficina del Ministro de Justicia y la fiscalía, que inicien una investigación exhaustiva. Esta investigación debería determinar si existe alguna violación en los términos del contrato, además de examinar posibles errores o vínculos inadecuados entre funcionarios públicos y contratistas. Esto podría dar pie a la consideración de un delito más grave, como es la intensión de favorecer intereses particulares en detrimento del bien común, lo que podría ser calificado como un delito de interés inapropiado.
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