Altos funcionarios indicaron que el senador isabel cristina zuletadel histórico tratado, y personas de su entorno habrían interferido en operativos e investigaciones contra organizaciones criminales en Antioquia, generando gran preocupación institucional. Las denuncias que conoce la revista Semanaya han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Defensa, es decir Corte Suprema y Oficina del Fiscal del Estado.
Según el testimonio, ocho generales -cinco en servicio activo y tres retirados- dijeron haber recibido llamadas de la congresista, así como de sus familiares y asesores, solicitando el cese de combates y procesos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios en municipios como Ituango, Valle de Briceño, Amalfi y Amalfi. Uno de los comandantes entrevistados describió el ambiente de presión: «Me puede dar vueltas la cabeza», dijo, en referencia al temor a represalias por la cercanía de Zuleta al presidente. Gustavo Petro y con el entonces Ministro de Defensa Iván Velásquez.
Uno de los hechos más sensibles tuvo lugar el 17 de julio de 2023 en Ituango, cuando militares se enfrentaron a los frentes 18 y 36 de los rebeldes de las FARC. Según los relatos, Zuleta llamó a un policía para pedirle que cesara la pelea, argumentando que los mineros estaban siendo atacados. Sin embargo, los uniformados dijeron que los hombres estaban armados, uniformados y acompañados de menores de edad. Este conflicto dejó dos militares muertos, un líder asesinado y tres jóvenes armados entregados a la Agencia Colombiana de Protección a la Familia.
Ese mismo día, el asesor del senador se puso en contacto con el general para advertirle de que presuntamente estaban siendo perseguidas por militares y pidió precaución en el operativo. Episodios similares habrían ocurrido semanas después, cuando se cuestionó la respuesta institucional a la invasión del Clan del Golfo en Briceño y se criticó que la fuerza pública necesitaba denuncias formales para responder.
Las denuncias también incluyen denuncias de supuesta injerencia en operaciones antiminería ilegal en el Noreste y Bajo Cauca antioqueños, zonas donde convergen los intereses del clan del Golfo, los rebeldes de las FARC y el ELN. Un alto funcionario policial aseguró que el senador «siempre defiende la minería en todos sus aspectos», pese a evidencias de vínculos entre algunos mineros y estructuras criminales. Después del operativo en Amalfi, en el que se incautó una draga, Zuleta había criticado duramente a la policía en reuniones públicas.
Además, los funcionarios señalaron las constantes objeciones de la congresista a las investigaciones que nombraban frentes disidentes específicos, así como a las preguntas a altos funcionarios de policía involucrados en operaciones como Agamenón contra la dinastía del Golfo. En Medellín, Zuleta también expresó su malestar por acciones judiciales que, según ella, afectarían las negociaciones de «paz total» que preside en el penal de Itagüí.
Los comandantes militares también indicaron que el senador visitó batallones para exigir explicaciones sobre las operaciones militares, lo que había causado malestar y temor entre los comandantes militares. «Uno de ellos tenía miedo de que lo iban a relevar y le dijeron cosas», dijo uno de ellos.
Desde su retiro, el general Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Militares Retirados, ha calificado de inaceptable que una persona vinculada al proceso de paz contacte directamente a un general para pedirle el fin de las operaciones, especialmente cuando no hay un alto el fuego formal.
Ante la recurrencia de estos hechos, la cúpula militar alertó al Ministerio de Defensa y solicitó apoyo institucional, mientras los tribunales revisan los avances sobre el alcance y consecuencias de las presuntas injerencias denunciadas.
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