Las recientes protestas en el Cauca contra el regreso del herbicida glifosato muestran una brecha constante entre el Estado y las comunidades rurales que habitan uno de los territorios más complejos del país. A pesar de la insistencia del gobierno nacional en que «no es enemigo de los ciudadanos», el mensaje va en contra de una historia de violencia organizada fallida y de políticas antidrogas que han afectado desproporcionadamente a las poblaciones rurales.
El anuncio de retomar la erradicación con glifosato, esta vez mediante aspersiones terrestres controladas por drones, fue interpretado por las comunidades como un retorno a prácticas anteriores que priorizan el control de cultivos sobre la transformación social de la zona. Para municipios como Argelia, El Tambo, Balboa o El Patía, la coca no es sólo una economía ilegal sino el resultado de décadas de ausencia del Estado, falta de infraestructura, mercados agrícolas débiles y control armado de la tierra.
En este contexto, las reacciones sociales pueden leerse no sólo como oposición a las políticas públicas, sino como expresión de desconfianza acumulada. Los agricultores temen que la erradicación los deje nuevamente sin ingresos, sin opciones productivas viables y sujetos a represalias de los grupos armados que controlan la cadena del narcotráfico. El recuerdo de las fumigaciones aéreas -asociadas a daños ambientales, problemas de salud y pérdida de cultivos legales- sigue siendo un factor decisivo para rechazar cualquier forma de fumigación.
El discurso oficial, que define a los grupos armados ilegales como los verdaderos enemigos de los ciudadanos, es políticamente válido, pero incompleto. Aunque estas estructuras se benefician de la economía de la coca y ejercen un control violento sobre las comunidades, su poder se sustenta precisamente en la vulnerabilidad del estado rural. Mientras la presencia institucional se limite a operaciones militares o de erradicación, el vacío seguirá siendo ocupado por actores ilegales.
Otro factor clave es la aparente contradicción entre la narrativa del gobierno y sus acciones en el territorio. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido una política de «paz absoluta» y libre rotación de cultivos, pero la reintroducción del glifosato da señales contradictorias. Para las comunidades el mensaje es confuso: diálogo y acuerdo por un lado; extinción forzada, sin embargo. Esta ambigüedad debilita la legitimidad de las políticas públicas y alimenta las protestas sociales.
La situación en la localidad de El Plateado, donde el propio gobierno ha reconocido la dificultad de restablecer el control institucional, muestra los límites de una política centrada en la seguridad sin cambios estructurales. La crisis humanitaria, la interrupción de los servicios básicos y el confinamiento de las comunidades no sólo se resuelve con una mayor presencia del sector público, sino con inversiones sostenidas, garantías económicas y gobernanza territorial.
Finalmente, el Cauca plantea un problema fundamental para el Estado colombiano: erradicar cultivos sin erradicar la pobreza y la exclusión es una fórmula condenada al fracaso. El verdadero desafío no es demostrar que el gobierno no es enemigo de los ciudadanos, sino construir una relación de confianza basada en hechos concretos, apego a compromisos y participación real de la comunidad en las decisiones que afectan su territorio.
Sin esta transformación, el glifosato seguirá siendo no sólo un herbicida, sino el símbolo de una política que, lejos de cerrar brechas, profundiza la distancia entre el Estado y el campo colombiano.
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