Desde hace 18 días, la Vía al Llano —la carretera que conecta Bogotá con el oriente del país— permanece cerrada tras un derrumbe ocurrido el 6 de septiembre de 2025 en el kilómetro 18, en el sector de Chipaque (Cundinamarca).
Causas del cierre y el daño
El derrumbe afectó gravemente la vía principal, provocando deslizamientos de tierra y desplazamientos de tierra que han dificultado el acceso y la movilidad en esa sección crítica.
La magnitud del daño supera lo que se esperaba de una emergencia común: retirar escombros, estabilizar suelos y restablecer drenajes son tareas complejas, en un terreno con múltiples zonas críticas.
mente, existen más de 90 puntos críticos en la vía que requieren intervenciones estructurales, y el kilómetro 18 no estaba contemplado dentro del contrato de mantenimiento que tiene la concesión.
El dilema del financiamiento
La variable más urgente y limitante es el falta de recursos para afrontar una intervención de fondo. El Gobierno nacional ha admitido públicamente que no tiene fondos suficientes para reactivar la vía en condiciones normales.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que incluso declarar una “emergencia” para agilizar recursos es una medida sin sentido si no hay dinero que canalizar.
El presidente Gustavo Petro ha apuntado a que la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento habría limitado la disponibilidad presupuestal para obras de este tipo.
Acciones provisionales: vías alternas y pasos programados
Para mitigar la paralización total, las autoridades han habilitado una vía alterna cerca del trazado original. Sin embargo, sólo opera en franjas horarias limitadas: cuatro horas para el sentido Villavicencio → Bogotá, y dos horas en el sentido inverso.
Este sistema parcial genera severos embotellamientos, largas esperas y congestión en los accesos. Muchos usuarios han expresado su inconformidad por la lentitud del avance.
También se han instaurado restricciones específicas para transporte de carga pesada, con horarios diferenciados y controles más rigurosos.
Impactos económicos y sociales
El cierre prolongado no es solo un problema logístico, también tiene repercusiones sobre la economía regional. Algunos efectos:
- El sector hotelero en Meta reporta pérdidas significativas: la ocupación hotelera cayó por debajo del 25 %, estimando pérdidas de hasta 30.000 millones de pesos por falta de turistas y visitantes.
- En el transporte de materiales de construcción, asociaciones como Asogravas denuncian que hasta 20.000 toneladas diarias de arena y grava se han visto retenidas por el cierre.
- El retraso en productos agrícolas, insumos, combustibles y mercancías ha incrementado los costos de transporte y logística para empresas e intermediarios.
Las tensiones entre actores involucrados
En medio del conflicto, surgieron acusaciones mutuas:
- Proindesa / concesionaria: afirma que el deslizamiento es más grave de lo habitual, que los trabajos exigidos son de alta complejidad y que no sería responsable dar una fecha de reapertura bajo las condiciones actuales.
- Asimismo, acusa a autoridades ambientales y a campesinos locales de intervenir los canales y sistemas de drenaje, argumentando que esto agrava la saturación de agua en el terreno.
- Gobernador de Cundinamarca (Jorge Rey): critica la concesionaria por falta de mantenimiento preventivo, señalando que los canales de drenaje no funcionaron como deberían, lo que habría desencadenado el derrumbe.
- Él también rechaza la acusación de que pequeños agricultores (con pocas viviendas) sean responsables del desastre: “es ridículo”, según sus declaraciones destacadas en redes.
Perspectiva de solución y pronóstico
Para avanzar hacia una solución estructural, se barajan varias fuentes de financiación posibles:
- Obras por impuestos
- Aportes del concesionario
- Recursos provenientes de fondos de regalías
- Declaración formal de emergencia (si hubiera dinero que canalizar)
Si bien se trabaja para retirar escombros en el corto plazo y habilitar parcialmente la vía principal, se estima que la reapertura total en condiciones normales podría demorar semanas o incluso meses, dependiendo de la magnitud de las labores de estabilización y reconstrucción.
Este incidente ilustra, además, una fragilidad histórica del corredor Bogotá–Villavicencio, que ha sido objeto de múltiples cierres, intervenciones y críticas por atrasos, sobrecostos y deficiencias estructurales.
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