En medio de una fuerte polémica fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia respondió este viernes a la decisión de al menos 17 gobernadores de no aplicar el incremento del impuesto a los licores incluido en el decreto de emergencia económica, afirmando que la medida no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales ni compromete la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.
La controversia se originó tras la expedición del Decreto Legislativo 1474 de 2025, que en el marco de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno nacional aumentó la tarifa del IVA al consumo de licores del 5 % al 19 %, con el propósito de generar recursos ordinarios para enfrentar los impactos de la crisis fiscal actual.
Para los gobernadores, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), esta decisión representa una amenaza para la autonomía fiscal territorial, pues gran parte de los recursos provenientes del impuesto al consumo —históricamente administrados por los departamentos— podrían ser transferidos al nivel central de la Nación. Argumentan que, mientras la Corte Constitucional no decida de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, están evaluando aplicar mecanismos como la excepción de inconstitucionalidad o incluso presentar acciones judiciales para defender los ingresos regionales.
El Ministerio de Hacienda salió al paso con un comunicado oficial en el que insiste en que la medida no disminuye las rentas de los departamentos y que el mayor recaudo generado por el IVA adicional se utilizará para atender la emergencia sin desfinanciar a las regiones. El Gobierno sostiene que la normativa respeta el recaudo y la administración regional bajo principios de “colaboración armónica” entre las entidades territoriales y el Estado nacional.
Además, Hacienda citó a los mandatarios departamentales a una mesa de trabajo programada para el 19 de enero, con el objetivo de aclarar dudas y explicar con detalle los alcances, beneficios y mecanismos técnicos del decreto. La convocatoria busca reducir tensiones y abrir canales de diálogo institucional para enfrentar las diferencias de interpretación sobre el impacto fiscal de esta medida.
Expertos consultados en diferentes medios coinciden en que, desde el punto de vista legal, la postura de los gobernadores no constituye un delito de desacato mientras estén a la espera de una decisión de fondo por parte de la Corte Constitucional, siempre y cuando utilicen los cauces jurídicos establecidos por la Constitución.
La disputa pone de manifiesto un choque entre la administración central y las regiones sobre la distribución de recursos tributarios, un tema que, además de fiscal, tiene implicaciones políticas importantes en un año electoral, en el que la percepción de autonomía territorial y eficiencia en la prestación de servicios públicos es un asunto de alta sensibilidad para mandatarios locales y ciudadanos.
28
