La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), uno de los gremios empresariales más representativos de Colombia, interpuso este 14 de enero de 2026 una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1469 de 2025, norma mediante la cual el Gobierno nacional fijó el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para el año 2026 con un aumento cercano al 23,7 % respecto al año anterior. Además de la nulidad, el gremio solicitó la suspensión inmediata de la aplicación del decreto mientras se decide su legalidad.
¿Qué contiene el decreto que se demandó?
Mediante el Decreto 1469 de 2025, el Gobierno colombiano estableció un salario mínimo que, sumado al auxilio de transporte, alcanza cerca de 2 millones de pesos mensuales para 2026. El decreto marcó un salto sustancial frente a la cifra de 2025, lo que ha sido descrito como uno de los incrementos más altos de las últimas décadas.
Esta decisión fue adoptada sin un consenso tripartito tradicional entre Gobierno, trabajadores y empresarios, luego de que varios gremios expresaran reservas incluso sobre la mesa de concertación salarial.
Argumentos de Fenalco en la demanda
Fenalco argumenta que el decreto:
- Desconoce el marco legal vigente para la fijación del salario mínimo. Según la legislación colombiana, los criterios obligatorios deben incluir variables económicas como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
- Sustituyó esos parámetros, previstos en la Ley 278 de 1996, por una noción de “salario vital” inspirada en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
- Desconoce la competencia técnica del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), organismo encargado por ley de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), base para calcular la inflación.
- Carece de sustento técnico verificable, pues no explica de forma clara cómo se pasó de variables que, según cálculos gremiales, podrían justificar un aumento de alrededor del 6 % a un incremento de casi 24 %.
Riesgos económicos y sociales señalados
En su demanda Fenalco advierte que la medida no solo incumple principios constitucionales de legalidad y motivación técnica, sino que también podría tener impactos económicos significativos, tales como:
- Pérdida de empleo formal, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que constituyen la columna vertebral de la economía colombiana.
- Aumento de la informalidad laboral, cuando empresas no puedan sostener los incrementos en costos salariales.
- Presiones inflacionarias adicionales, tanto en bienes de consumo como en servicios, ya que muchos costos están indexados al salario mínimo.
- Afectación del aparato productivo y posible deterioro de las finanzas públicas si las empresas reducen empleo o cierran por la carga de costos laborales elevados.
Fenalco ha insistido en que su demanda no es una oposición frontal a la mejora del ingreso de los trabajadores, sino una defensa del estado de derecho, la seguridad jurídica y la sostenibilidad de la economía formal.
Proceso judicial y siguientes pasos
El Consejo de Estado, máxima jurisdicción contenciosoadministrativa, ya admitió la demanda para su estudio formal y ahora evaluará si concede la solicitud de suspensión provisional del decreto mientras se resuelve de fondo.
De concederse la suspensión, la aplicación del decreto quedaría temporalmente paralizada ante la incertidumbre sobre su legalidad. El fallo final podría tardar semanas o meses, y podría definir un precedente clave sobre la forma y límites de la fijación del salario mínimo en Colombia.
Reacciones y contexto más amplio
Aunque Fenalco encabeza esta acción, el debate ha atravesado no solo los estratos empresariales sino también políticos y sociales, con voces que reclaman una concertación salarial más técnica y participativa, frente a decisiones gubernamentales consideradas por algunos como populistas o apresuradas.
La discusión se da en momentos de delicadeza económica, en donde variables como inflación, crecimiento económico y el dinamismo del empleo formal siguen siendo temas de atención para economistas, empresarios y trabajadores por igual.
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