Grandes discusiones comenzaron en el concejo municipal de Ipiales tras una propuesta para modificar los artículos 16 y 280 del contrato 032 de 2018, reglamento que fija reglas para los organismos recaudadores y orienta la política financiera del municipio. La iniciativa generó una situación contradictoria entre las empresas y el gobierno municipal.
Una de las declaraciones más críticas fue la del ministro Lisandro Chamorro, quien expresó su desaprobación a la propuesta por considerar que podría afectar directamente el bolsillo de los ipialeños. Según el lobista, el eventual establecimiento de una sobretasa ambiental del 1,5 por mil, equivalente al 15%, representaría una carga adicional para los contribuyentes, en un contexto económico ya complicado para muchos ciudadanos.
Chamorro señaló que cualquier ajuste a la ley de ingresos debe ser analizado con responsabilidad y sensibilidad social, priorizando la protección de los sectores más vulnerables y evitando decisiones que puedan impactar negativamente en la economía local. En ese sentido, sostuvo que es necesario ampliar la discusión y escuchar a la sociedad antes de avanzar con la reforma tributaria.
Desde el concejo municipal, el ministro de Hacienda, Sebastián Folleco, defendió el proyecto, argumentando que el cambio permitiría que los fondos recaudados quedaran en Ipiales y no fueran transferidos a Corponariño, lo que a su juicio fortalecería las finanzas del municipio y su capacidad de inversión.
Al mismo tiempo, el ministro David Almeida informó que la iniciativa no continuará su proceso en el corto plazo y que su análisis se pospondrá hasta 2026, con el fin de realizar un estudio más detallado para determinar si la propuesta es adecuada para el desarrollo financiero y social de Ipiales.
El debate enfatizó la importancia de evaluar cuidadosamente cualquier reforma tributaria y enfatizó el papel del consejo municipal como foro de discusión y control político para proteger los intereses de los ciudadanos.
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