La Fiscalía General de la Nación decidió no solicitar una medida de aseguramiento en cárcel ni detención domiciliaria contra Juliana Guerrero, investigada por el escándalo de los presuntos títulos universitarios falsos que presentó para acceder a cargos públicos. La decisión se conoció en medio de un proceso judicial que aún no inicia formalmente, debido a que la audiencia de imputación de cargos ha sido aplazada en varias ocasiones.
El caso ha generado un amplio debate político y jurídico en Colombia, ya que Guerrero fue una figura cercana al Gobierno nacional y llegó a ser designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, posición para la cual habría acreditado un título profesional cuya validez está en entredicho.
El origen del escándalo por los títulos
Las investigaciones de la Fiscalía comenzaron luego de que surgieran dudas sobre los títulos académicos que Guerrero presentó para respaldar su trayectoria profesional. Según el ente acusador, los documentos corresponderían a diplomas de contaduría pública y tecnología en gestión contable expedidos por la Fundación Universitaria San José.
Durante la indagación preliminar, los investigadores encontraron inconsistencias en los registros académicos. Entre los elementos que levantaron sospechas se encuentran:
- Falta de evidencia de que la funcionaria hubiera asistido regularmente a clases.
- Ausencia de registros sobre la presentación de las pruebas Saber, requisito académico para la graduación.
- Documentos universitarios expedidos aparentemente sin cumplir con los requisitos legales exigidos.
Estas irregularidades llevaron a la Fiscalía a considerar que podría haberse configurado la comisión de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, delitos que se imputarían formalmente en una audiencia judicial.
¿Por qué la Fiscalía no pedirá cárcel ni casa por cárcel?
Aunque inicialmente el ente acusador había contemplado solicitar una medida de aseguramiento con detención domiciliaria, posteriormente se decidió no insistir en esa solicitud en esta etapa del proceso.
La decisión se explica principalmente por factores procesales:
- La audiencia de imputación aún no se ha realizado, por lo que el proceso penal no ha avanzado a una fase en la que se determine la necesidad de una medida restrictiva de la libertad.
- No existe riesgo inmediato de fuga ni de obstrucción a la justicia que justifique una medida privativa de la libertad en este momento del caso.
- La Fiscalía priorizará primero la formalización de los cargos y el desarrollo de la investigación judicial.
En otras palabras, el ente acusador considera que no se cumplen por ahora los criterios legales para pedir cárcel o detención domiciliaria, medidas que solo se solicitan cuando se cumplen condiciones estrictas previstas en la ley penal.
Audiencias aplazadas y controversia política
El proceso también ha estado marcado por aplazamientos de la audiencia de imputación. En una de las diligencias programadas para marzo de 2026, Guerrero solicitó su reprogramación mediante una carta enviada a la Fiscalía, argumentando que no había logrado contratar un abogado de confianza para su defensa.
En el documento, la investigada señaló que la alta exposición mediática del caso le había dificultado encontrar un defensor que asumiera su representación legal en esa etapa del proceso.
La situación generó críticas desde sectores políticos y de la oposición. Algunos congresistas cuestionaron que Guerrero no asistiera a la audiencia judicial, mientras sí participó en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar relacionada con la elección de rector.
Un caso que sigue abierto
Por ahora, el proceso judicial contra Juliana Guerrero permanece en etapa preliminar. Será un juez de control de garantías quien fije una nueva fecha para la audiencia en la que la Fiscalía pretende imputar los cargos por falsedad y fraude procesal.
Si la imputación se concreta, el caso entrará en una fase más avanzada en la que se definirá si existen méritos suficientes para llevar a Guerrero a juicio. También se evaluará si en ese momento procede o no solicitar medidas restrictivas de la libertad.
Mientras tanto, el escándalo continúa generando debate sobre la verificación de títulos académicos de funcionarios públicos y los mecanismos de control en el acceso a cargos del Estado, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda política nacional.
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