Madrid, Cundinamarca – En la entrada de su modesta vivienda en el municipio de Madrid —a pocos kilómetros de Bogotá—, Flor Niño conserva el recuerdo más cercano que tiene de su hijo: aquel primero de mayo de 2021, cuando lo vio salir a participar en las protestas del Paro Nacional. “No me vaya a dejar aquí tirada”, le dijo él como presintiendo el peligro, según su versión. Pero Brayan Fernando Niño Araque no regresó esa noche. Su vida fue segada por el impacto directo de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Cuatro años después del suceso, la sanción disciplinaria para el oficial implicado apenas ha sido decidida, mientras que la vía penal sigue lenta, con múltiples obstáculos procesales, cambios de fiscales, recursos de competencia y debates legales que han generado frustración en la familia y críticas de organizaciones de derechos humanos.
El caso: qué pasó la noche del 1 de mayo
Brayan tenía 24 años, era padre de un niño de aproximadamente año y medio y trabajaba como auxiliar de bodega tras haber estudiado contabilidad en el SENA.
La noche que murió, se encontraba en el barrio El Sosiego, en Madrid (Cundinamarca), participando en actos pacíficos del paro: arengas, música, manifestación cultural.
Cerca de las 9:00 p. m., tanquetas del Esmad fueron desplegadas para dispersar la concentración. El alcalde del municipio había solicitado apoyo policial por el riesgo de que la estación de policía o un peaje fueran vandalizados.
Desde una escotilla de la tanqueta, el mayor Carlos Javier Arenas Niño habría disparado varias veces con un fusil lanza gases calibre 40 mm. Uno de esos proyectiles impactó en el rostro de Brayan —a poca distancia, sin obstáculos—, según un informe técnico de la Procuraduría.
Tras el impacto, la asistencia médica fue dificultada porque la intervención con gases no cesó, lo que entorpeció auxilios. Brayan fue llevado en una motocicleta a un hospital cercano, pero llegó sin signos vitales.
Se dice que luego de su muerte, parte de la escena fue limpiada prematuramente, lo cual habría comprometido la recolección de pruebas.
Avances disciplinarios: sanción a un oficial
Recientemente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por nueve años al mayor Arenas Niño, en corrección a una decisión inicial más leve (multas). Esa resolución señala que actuó «sin justificación legal alguna», al disparar directamente, contraviniendo protocolos internos y principios del uso adecuado de la fuerza.
El órgano de control afirma que el disparo se hizo a menos de 13 metros, sin ángulo parabólico, lo cual está lejos de las directrices oficiales para el empleo de armas no letales.
Para la defensa de la familia, esta sanción es un avance “en materia de rendición de cuentas”, aunque no cumple con sus expectativas completas, pues el objetivo primordial —condena penal— aún no se cumple.
El obstáculo penal: competencia, dilaciones y desgaste procesal
El proceso penal ha sido lento y está lleno de tropiezos. En los primeros meses, hubo un conflicto de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación sobre quién debía investigar al oficial. En abril de 2022, la Corte Constitucional resolvió que el caso debía radicarse en la justicia ordinaria, pues existían dudas sobre si el uso del arma fue legítimo y proporcional.
Desde entonces, el expediente ha pasado por más de cinco fiscales en la Sabana de Bogotá, lo que ha causado atrasos significativos.
La Fiscalía imputó al mayor Arenas el delito de homicidio con dolo eventual, alegando que podía prever las consecuencias del disparo.
Hasta el 6 de octubre de 2025, la audiencia preparatoria —donde se define qué pruebas irán al juicio— fue uno de los pocos avances procesales evidentes.
Aunque existe material probatorio que indica que el mayor estaba en la tanqueta, manejando el fusil lanzagases y disparando al grupo de manifestantes que aparentemente se alejaban del punto, la Fiscalía ha sido acusada por la defensa de “no tomarse en serio” el caso.
Mientras tanto, el oficial estuvo activo en la institución policial durante años después de los hechos, lo que generó críticas por impunidad de facto.
Repercusiones y simbologías del caso
Para la madre de Brayan y su círculo cercano, este caso no solo registra un hecho puntual, sino un símbolo de los abusos de poder, las demoras judiciales y la falta de reparación integral en Colombia. “Desde el momento en que me quitaron a mi hijo, yo no tengo vida”, ha dicho Flor.
Organismos de derechos humanos han repetido que la mortandad en protestas, uso desproporcional de armas “no letales” y el lento avance de investigaciones son un desafío persistente en Colombia.
Desde el punto de vista institucional, el caso representa una prueba para el sistema de justicia: cómo garantizar rendición de cuentas efectiva frente a miembros de la Fuerza Pública, especialmente en casos donde el uso de la fuerza tiene consecuencias fatales.
¿Qué queda por delante?
El caso sigue en curso. Quedan pendientes varios pasos críticos:
- La audiencia de juicio, con pruebas confrontadas entre la Fiscalía, defensa y expertos forenses.
- Definición final de la pena, en caso de que se logre condena.
- Posibles recursos de apelación e incidencias por parte del acusado.
- Acciones de reparación simbólica y material para la familia de Brayan.
- Seguimiento por parte de organismos de control y de derechos humanos, para evitar que la lentitud se traduzca en impunidad.
Brayan Niño no regresó esa noche del 1 de mayo. Pero su muerte y el trote lento de la justicia se han convertido en un punto de observación sobre los límites del poder estatal, la exigencia ciudadana de justicia y los desafíos que enfrenta Colombia para cerrar heridas sociales aún abiertas.
39
