En la nación colombiana, la noción de «justicia» ha sufrido un considerable desvanecimiento en su significado y relevancia. El concepto que alguna vez fue sinónimo de redención y equilibrio, se ha deteriorado hasta convertirse en un mero símbolo de impunidad, corrupción y tecnicismos legales. Estas herramientas, lejos de servir como baluartes de la verdad, se han transformado en escudos intocables para quienes cometen crímenes. En este contexto doloroso de un país que enfrenta la brutalidad de la violencia, los infractores pueden salir en cuestión de 24 horas tras haber cometido actos atroces; los violadores se deslizan entre documentos y vacíos legales; quienes roban son frecuentemente tratados con más consideración que las propias víctimas. Esta situación, sin duda, no solo causa dolor, sino que genera una profunda sensación de rabia y frustración.
A pesar de que las regulaciones pueden interpretarse de maneras convenientes para el sistema, el resultado es que las víctimas quedan atrapadas en un ciclo de sufrimiento sin redención. Las familias desgastadas por el dolor deben observar cómo los perpetradores continúan con sus vidas, sin enfrentar consecuencia alguna por sus actos. ¿Qué mensaje se está transmitiendo con esto? Nos dicen que todo está en «el proceso adecuado» que se asegura de que «las garantías de derechos se cumplan». Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que ya no están? ¿Y el duelo de quienes han quedado destrozados?
La justicia debería ser una herramienta que favorezca a los que sufren, sin menospreciar sus experiencias. Sin embargo, en Colombia, parece que la balanza siempre se inclina a favor de quienes tienen poder, dinero o conexiones. Este desequilibrio profundo ha creado una herida social que continúa abierta, un dolor que resuena con desconfianza, frustración y agotamiento. No es solo una percepción vaga; la impunidad ha demostrado ser una realidad palpable. Aquellos que viven en este contexto, frecuentemente pierden la fe y se ven arrastrados hacia un abismo de desesperanza en relación a la justicia. Aunque esta actitud no está justificada, es la manifestación más básica de un pueblo cansado y hastiado de su sistema.
El verdadero desafío radica en las fallas del diseño de las regulaciones que permiten que la justicia sea un concepto meramente teórico. Desde este punto, podemos rastrear toda una cadena institucional que ha fallado en proporcionar la protección necesaria, una cadena que no opera con la fuerza que se requiere. Por tanto, no es suficiente con simplemente emitir condenas; se necesita una reforma integral, una reestructuración y una reeducación. Todo comienza con una reflexión profunda sobre el sistema actual, que parece proteger más al agresor que a la víctima.
Este planteamiento no es una simple crítica adornada con palabras bien intencionadas, sino que constituye una llamada urgente que proviene de un lugar de angustia y dolor. No podemos seguir viviendo en un país donde la justicia genera más ira que alivio, más sufrimiento que esperanza. ¿A qué tipo de justicia estamos sujetos?
Colombia necesita una justicia que se sienta en el alma misma de la gente. Debe ser tangible y accesible. No una justicia que se venda al mejor postor, ni que esté oculta detrás de códigos complicados y formalismos. La justicia que la sociedad clama debe ser real, contundente y digna, una que no dé lugar a más madres llorando, más niños huérfanos y más hermanos que sufren, una justicia que interpele sobre el verdadero significado de la ley, no como lujo, sino como legado de justicia verdadera.
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