El operativo se llevó a cabo en una lujosa finca en la provincia del Tolima, en un operativo conjunto de autoridades colombianas y organismos de seguridad paraguayos. Medios nacionales e internacionales destacaron la detención como uno de los reveses más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años.
Sin embargo, el alcance del caso trascendió el ámbito judicial y pasó al plano político en Boyacá. Según información revelada por el diario El Tiempo y confirmada por fuentes oficiales, Ramírez Lozano, también conocido como El Ganadero, fue registrado como escolta de una empresa de seguridad privada con sede en Bogotá y trabajando en varios municipios del departamento.
La empresa, Agencia Nacional de Seguridad Privada Anse Ltda, es propiedad del exfiscal Luis Arturo Jiménez Cely y su hermano, el actual alcalde de Paz del Río, quienes también actúan como representantes legales principales y suplentes. Este vínculo generó un debate público ya que se trataba de una empresa donde el presunto narcotraficante tenía licencia oficial, a pesar de tener una notificación roja de Interpol y ser considerado por las autoridades como un «narcotraficante invisible».
Según los informes iniciales, Ramírez Lozano tenía un permiso de la agencia para portar armas de fuego, un permiso que habría expirado en agosto de 2025, lo que plantea dudas sobre la supervisión y la investigación de antecedentes en el sector de seguridad privada.
Las autoridades paraguayas señalan al arrestado como una figura clave en una red regional de narcotráfico, que coordinaba rutas de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia hacia Brasil, Europa y Estados Unidos, y como un posible sucesor de Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, arrestado en 2018.
Alias el Ganadero fue trasladado desde Purificación, Tolima, a Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se desarrolla su proceso de extradición a Paraguay, donde es buscado por múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
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