Este jueves 1 de mayo, se presentó ante el Parlamento de la República la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este evento marca un hito importante en el diálogo entre el gobierno y el legislativo, ya que la consulta busca establecer cambios fundamentales en el marco legal del país.
La propuesta se encuentra integrada en el Código de Ética, que forma parte de la Constitución del Capitolio Nacional. La función del Senado en este caso será determinar si es pertinente convocar a los ciudadanos a participar en encuestas de opinión. El objetivo de estas encuestas es obtener la aprobación de 12 preguntas que son clave para la reforma que el gobierno está impulsando.
Es importante señalar que, hasta el momento, estas reformas han sido objeto de rechazo por parte de la Séptima Comisión del Senado, lo que añade una capa de complejidad al proceso. En este contexto, es fundamental comprender que el parlamento tiene un papel limitado; no puede modificar las preguntas planteadas por el gobierno. Su única función es decidir si se procederá a la consulta popular o no.
Por lo tanto, los senadores tienen un plazo de 30 días para tomar una decisión al respecto, con la posibilidad de extender este período en diez días adicionales según lo estipulado por la ley. Si el Senado emite un concepto negativo, esto implicaría que la consulta no se llevará a cabo. Sin embargo, en caso de que no se pronuncie durante el tiempo establecido, el presidente tiene la autoridad para convocarla mediante una resolución.
Para que la consulta sea válida y pueda llevarse a cabo, es necesario que al menos la mitad más uno de los senadores apoyen la iniciativa. Este tipo de solicitud requiere una mayoría simple, lo que significa que la dinámica de las votaciones podría ser bastante reñida.
Al finalizar la deliberación en el Senado, el trabajo del ministro Antonio Sanguino fue objeto de atención mediática. Este enfatizó la importancia de no olvidar las decisiones que tienen un impacto directo en la ciudadanía. Comentó sobre la necesidad de que las personas participen en la discusión de temas que actualmente son relevantes y que atañen la vida cotidiana de los colombianos, quienes, además, enfrentan retos en el ámbito laboral.
Si bien las preguntas incluidas en la consulta han sido elaboradas en gran medida por el entonces Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el actual Ministro, Antonio Sanguino, se han considerado diversas modificaciones. Entre estos cambios, destaca la claridad en la formulación de la primera pregunta, que especifica que el término «diariamente» se refiere a los programas que operan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, conforme a lo propuesto por el gobierno.
Adicionalmente, la séptima pregunta ha sido revisada para confirmar que el personal de transporte digital, que incluye aplicaciones como Uber, Didi o Cabify, puede llegar a acuerdos en el marco de los contratos establecidos y que, por lo tanto, debe recibir beneficios del Seguro Social. Esta modificación es un paso hacia la formalización de las relaciones laborales en un sector que ha crecido considerablemente en los últimos años.
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