La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión significativa al detener la expulsión de varios ciudadanos de Venezuela que se encontraban bajo custodia en Texas. Esta acción ha sido anunciada de manera urgente por la ACLU, que ha presentado una apelación para asegurar los derechos de estas personas migrantes. Estas acciones provienen de una ley antigua, datada desde 1798, que permite al gobierno expulsar a los ciudadanos de países considerados enemigos, sin necesidad de un juicio.
Esta legislación, conocida como «ley enemiga extranjera», fue utilizada por ex Presidente Trump como una herramienta contra presuntos miembros del grupo criminal conocido como el tren Aragua. Sin embargo, el tribunal no ha confirmado la validez de esta ley, limitándose a detener temporalmente los procedimientos hasta que haya una decisión de otro tribunal. Por ahora, los migrantes continúan en el Centro Bluebonnet, ubicado cerca de Abilene, Texas. La decisión del tribunal ha impedido que se ejecute una ley que ha recibido críticas contundentes por violar la soberanía y el poder del gobierno federal. Este fallo es crucial para miles de personas que enfrentan la posibilidad de ser expulsadas de forma inmediata.
ACLU condena el abuso
La ACLU ha manifestado su preocupación acerca de la situación de los migrantes, señalando que muchos de ellos recibieron informes en inglés sin proporcionarles la traducción necesaria. Esto ha generado confusión entre ellos, quienes no tenían conocimiento de su derecho a apelar sus casos. Las autoridades migratorias los llevaron de inmediato en autobuses rumbo al aeropuerto, lo que demuestra la falta de debido proceso.
La organización también alertó sobre el hecho de que algunos migrantes podrían enfrentarse a cadena perpetua si son obligados a regresar a sus países de origen, como El Salvador. El ex Presidente Trump fue cómplice en el traslado de ciertos individuos a Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, lo cual ha elevado las preocupaciones sobre las condiciones de vida y el tratamiento que recibirán si son expulsados.
Los jueces federales ya se habían pronunciado anteriormente, indicando que los migrantes tienen el derecho a ser notificados con un tiempo razonable y a recibir el presente hábeas corpus antes de ser expulsados. La ACLU ha advertido que la nueva política de inmigración solo incrementará los riesgos de violaciones de derechos humanos, lo cual podría derivar en arrestos arbitrarios, separación de familias y limitaciones severas al acceso de abogados. Este grupo exige que se detengan tales prácticas antes de que se normalicen.
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Política de inmigración de Trump; La Corte Suprema de los Estados Unidos detiene las expulsiones de Venezuela
Un tribunal adicional también actuó para detener la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que afecta a 350,000 venezolanos. Esta medida es una salvaguarda para aquellos que ya residen en los Estados Unidos, protegiéndolos de expulsiones inminentes. Durante su mandato, Trump utilizó la cuestión de la migración como un tema central de su campaña política, acusando a Venezuela de ser responsable de problemas económicos y de seguridad en Estados Unidos. Ya envió a algunos migrantes a la prisión de Cecot, a pesar de que sus abogados argumentan que no tienen vínculos con el tren Aragua.
Cabe destacar que la ley utilizada por Trump para justificar estas expulsiones ha tenido pocas aplicaciones a lo largo de la historia de Estados Unidos, siendo invocada solo en momentos de guerras significativas, como durante la Guerra de 1812 y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
El futuro de estos migrantes está en manos del sistema judicial. Mientras Trump continúa con su retórica insistente en el enfoque de la inmigración, organizaciones como la ACLU claman por el respeto de los derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos, señalando que la retórica política y el pánico en torno al crimen se han convertido en herramientas de justicia política.
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