El más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud revela que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda que asciende a los $32,9 billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.
Esta cifra, que representa un aumento de $7,9 billones respecto al monto reportado en 2023, refleja el nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo en el que se encuentra el sistema debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.
Dicha deuda no solo afecta gravemente la estabilidad de los prestadores y proveedores de servicios, sino que también ha empezado a golpear de forma directa a los usuarios. La imposibilidad de cubrir oportunamente los servicios ha generado una atención cada vez más fragmentada, demorada y costosa, y ha empujado a miles de familias a cubrir con su propio dinero medicamentos, exámenes, citas y procedimientos.
Pese a la magnitud de la crisis, el informe deja claro que esta deuda no es responsabilidad del Gobierno, sino que corresponde a decisiones y omisiones de las propias EPS. En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social reitera que está al día con los pagos y que ha realizado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema.
Durante este Gobierno los recursos destinados al aseguramiento en salud, han crecido cerca del 40%. Ubicándose en 2024, los recursos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ascendieron a $87,89 billones de pesos, lo que representó aproximadamente el 17 % del Presupuesto General de la Nación. Para ese mismo año, la UPC fue incrementada en 12,01%, un ajuste superior a la inflación causada de ese año, que fue del 5,20%, lo que refleja el compromiso de este Gobierno con el sostenimiento financiero del sistema.
“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema”, aclaró el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, durante la alocución destinada al análisis del informe de la Contraloría.
Y es que a pesar de los giros oportunos y crecientes por parte del Gobierno, la Contraloría advierte que hay $2,71 billones de pesos girados por la Adres a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados financieros. Dichos recursos serán objeto de actuaciones fiscales, pues no hay claridad sobre su uso o destino. Más preocupante aún es que, entre 2020 y 2024, se han acumulado
$15,79 billones sin trazabilidad, entre ellos $4,22 billones solo en 2024, lo que evidencia un patrón persistente de opacidad en el manejo de los recursos.
Uno de los casos de mayor afectación es el de la Nueva EPS. Antes de su intervención, esta entidad ya presentaba alarmantes signos de desequilibrio financiero. Según datos de la Supersalud, al cierre de 2022 debía $5,07 billones al sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas. De ese monto, $3,88 billones correspondían a anticipos entregados a IPS, lo que dejaba una deuda efectiva por pagar de $1,19 billones.
A esto se suma que la mayoría de las EPS no cumplen los requisitos mínimos para operar. De las 26 EPS evaluadas, en 2023 solo 5 cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas, y apenas 10 tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. El 61% de las EPS no cuentan con recursos líquidos para operar, y 16 EPS incumplen simultáneamente los tres requisitos normativos: liquidez, margen de solvencia y provisión de reservas.
Lo anterior implica que una porción significativa de las entidades que reciben recursos públicos para garantizar el derecho a la salud no tiene cómo sostener sus operaciones básicas, y sin embargo siguen funcionando y manejando grandes volúmenes de dinero público.
La crisis no se limita a la relación entre EPS e IPS. A pesar de que el Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 — unos $13,3 billones de $14,7 billones radicados—, persisten fallas graves en el suministro de medicamentos. Esta contradicción ha generado una ola creciente de peticiones, quejas y reclamos (PQR), sin que haya una explicación técnica clara por parte de los gestores farmacéuticos. El Ministerio de Salud ha reiterado su desconcierto frente a esta situación, especialmente considerando que los pagos están al día y los recursos han sido girados con responsabilidad.
“Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos”, señaló el Primer Mandatario.
El informe también revela graves hechos de corrupción histórica en el sector. Se documentan desvíos de recursos a paraísos fiscales, creación de IPS de papel, cobros múltiples de UPC por un mismo paciente, y manipulaciones contables destinadas a distorsionar la suficiencia de la UPC.
Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos, además de 111 imputaciones, 41 fallos fiscales ejecutoriados y 148 indagaciones preliminares adicionales. Estas cifras muestran que la captura indebida de los recursos de la salud ha sido sistemática y con impactos profundos en la sostenibilidad del sistema.
Frente a este panorama, el Gobierno reitera que la reforma estructural del sistema de salud es urgente, inaplazable y respaldada por la evidencia técnica.
La propuesta de reforma busca eliminar gradualmente la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria, habilitar auditorías integrales, garantizar trazabilidad en el uso de los recursos, e implementar mecanismos de saneamiento para prestadores y EPS que decidan transformarse en Gestoras de Salud y Vida. Asimismo, se plantea la creación de instrumentos de liquidez, fortalecimiento institucional del Invima y la Adres, y la publicación periódica de informes de trazabilidad de recursos.
El Primer Mandatario destacó que el actual sistema no solo es ineficiente, sino que limita la posibilidad de aumentar el financiamiento público sin cambios estructurales. Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría manifestado en múltiples ocasiones que la exoneración de aportes patronales, vigente desde 2012, representó un sacrificio fiscal de $17,7 billones solo en 2024, recursos que podrían destinarse a cerrar brechas en salud.
“El ministro Jaramillo propone regresar al impuesto patronal, yo propongo aumentar el impuesto de renta de las personas más ricas de Colombia y esto iría destinado a la vida del pueblo. Esto hace parte del pacto social”, manifestó el Presidente, Gustavo Petro Urrego.
El informe de la Contraloría es contundente: la actual estructura de intermediación ha llevado al sistema al borde del colapso. Seguir sosteniendo este modelo significa normalizar el desvío de recursos, la inoperancia financiera, la desprotección de millones de usuarios y el debilitamiento progresivo de hospitales, clínicas y profesionales de la salud. La reforma es no solo una decisión política, sino una necesidad para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los colombianos.
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