En un importante evento, el miércoles 23 de abril de 2025, desde Bogotá, el representante de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massie, anunció que se están implementando de manera más eficiente los términos del histórico acuerdo de paz que fue firmado en el año 2016. Este acuerdo puso fin a un prolongado conflicto armado que había involucrado a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero que operó en el país suramericano durante varias décadas.
Durante su discurso en Nueva York, Carlos Ruiz Massie expresó su convicción de que, en los últimos ocho años, ha habido un avance significativo en las regiones afectadas por el conflicto, como Catatumbo y Cauca. Estos dos lugares han sido particularmente vulnerables a la violencia debido a la presencia de disidencias de las FARC que continúan operando a pesar del acuerdo de paz, lo que ha dificultado la plena implementación de las medidas de reintegración y desarrollo social.
Sin embargo, a pesar de los avances anunciados, Colombia sigue enfrentando serios desafíos relacionados con la seguridad y la violencia. Recientemente, el país ha sido el escenario de diversas situaciones críticas que han atraído la atención internacional, especialmente en el ámbito humanitario. Desde enero de este año, se ha reportado que más de 90 personas han perdido la vida, cifra que surge en un contexto donde los guerrilleros, que inicialmente habían accedido a dejar las armas, han retomado acciones violentas en rechazo a las disposiciones del acuerdo de paz de 2016.
Uno de los incidentes más recientes se registró en Cauca, donde un ataque se dirigió contra una patrulla de la policía. Según informes, un agente resultó herido, pero su vida no corría peligro. Además, en la zona de Nariño, en la frontera con Ecuador, se reportaron explosivos colocados en la ruta de un vehículo militar, lo que resultó en la muerte de un civil y dejó a cinco soldados heridos. Ambos eventos han sido atribuidos a los disidentes de las FARC, lo que resalta la complejidad del entorno de seguridad en estas regiones.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reconocido que muchos de los obstáculos en la implementación del acuerdo de paz son consecuencia de administraciones anteriores. En este contexto, el año pasado se presentó un plan de respuesta rápida que se ha enfocado especialmente en llevar a cabo reformas rurales. Este plan tiene como objetivo fundamental promover una distribución más equitativa de la tierra, de manera que se genere un desarrollo social y económico inclusivo que beneficie a los sectores más vulnerables de la población colombiana.