El 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó 639 de 2025, pidiendo una consulta popular popular para el 7 de agosto. Esta consulta busca que los colombianos tengan una serie de mejoras laborales destinadas a mejorar los derechos y fortalecer la estructura del empleo. Sin embargo, la llamada ha entregado un debate legal y político, porque el Senado había rechazado un concepto favorable para hacer esta consulta.
Según la constitución política de Colombia, requiere un llamado a la consulta nacional sobre las demandas nacionales, entre otras demandas, el concepto anterior y favorable del Senado de la República. En esta ocasión, el Senado no publicó este término, lo que ha llevado a preguntas sobre la legitimidad del fallo presidencial. Los expertos en derecho constitucional advierten que el paso omitido podría afectar el principio de separación del poder y la legalidad del proceso.
A la luz de estas disputas, el Registro Nacional será una posición civil, una unidad responsable de organizar y garantizar la transparencia de los procesos electorales, publicando un concepto final sobre la eficiencia de la consulta. El Secretario Nacional, Hernán Penagos, ha anunciado que esta semana se describirá en el fondo, después de informar tanto el decreto presidencial como los exámenes del Senado y las preocupaciones que las diferentes industrias han planteado.
Además, el Tribunal Constitucional ha sido llamado a intervenir en este asunto. La Corte Suprema revisará la regla presidencial de la decisión presidencial y determinará si la llamada cumple con los requisitos legales confirmados. Esta revisión es necesaria para limpiar las dudas legales y garantizar que el proceso se adapte a las variables constitucionales.
El contexto político en Colombia es particularmente sensible. La polarización entre el gobierno y la oposición ha aumentado en los últimos meses y el llamado a esta consulta popular se ha convertido en una nueva tensión. Algunas industrias ven la directiva una forma de avanzar en la reforma sin el apoyo del Parlamento, mientras que otras lo consideran un ejercicio legítimo.
Por otro lado, la opinión pública está dividida. Aunque la industria apoya la consulta como una forma de fortalecer los derechos laborales, se revelan otras preocupaciones debido a las posibles violaciones de los procedimientos constitucionales y los efectos que esto podría tener en la estabilidad de las instituciones.
La decisión del juez esta semana será decisiva para el futuro cercano de la consulta popular. Su declaración, junto con el fallo del Tribunal Constitucional, definirá si el proceso electoral puede surgir o si debe detenerse hasta que se resuelvan las dudas legales.
«Estamos aprendiendo con juicio y información dura, el comando y otra comunicación que hemos recibido y a principios de esta semana el registro establecerá en el fondo del asunto. (…) Hemos registrado alrededor de 30 reclamos para el Consejo de Estado por una invalidación simple», dijo el juez de Hernán Penagos con respecto a la decisión.
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