ConOkreni No hay actividades extractivas en el pueblo de Aribí, Corregimiento no. 8, River Basin Anchicayá -Buenaventura, Valle del Cauca.
El 8 de abril se llevó a cabo una importante actividad de reconocimiento territorial y defensa del medio ambiente, promovida por el Consejo de Comunidad situado en la cuenca de Corregimiento no. 8 en la cuenca de Anchicayá. Esta iniciativa tuvo como objetivo examinar los efectos negativos de la minería criminal en el territorio del arroyo Aribí, que se ha convertido en un punto crítico para la comunidad local. La visita permitió no solo disfrutar de la belleza natural de la región, sino también alertar sobre las serias amenazas que enfrenta el ecosistema local debido a actividades mineras ilegales.
La intención principal de esta jornada era concienciar a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer en profundidad este territorio y entender las implicaciones de la depredación ambiental provocada por mineros ilegales. Se realizó un recorrido que abarcó el ascenso y descenso por la colina que marca el nacimiento del agua del arroyo Aribí, que posteriormente se conecta con el río Anchicayá, conocido por sus majestuosas costas en la región del Pacífico colombiano. A pesar de las impresionantes vistas de la belleza que ofrecen Aribí y el arroyo San Antonio, la sensación de alegría se vio muy afectada por la realidad de su deterioro», relatan los miembros del PCN.
Durante el recorrido, se encontraron evidencias alarmantes respecto a la existencia de actividades mineras ilegales que están impactando de manera significativa a los cuerpos de agua San Antonio y Aribia Ravaon. También se observó cómo la minería criminal afecta directamente al sector de juguetes que está situado a lo largo del Anchicayá. Esta crítica situación compromete la calidad del agua que es vital para al menos trece comunidades que dependen directamente del río para su consumo, así como para actividades tradicionales como el baño, la limpieza y la pesca.
«Fuimos víctimas de conflictos armados y tuvimos que ser desplazados de nuestro territorio en el año 2000. Hoy en día, reclamamos la recuperación de nuestro territorio, ya que hay individuos deshonestos involucrados en la minería criminal de forma ilegal,» comentó Miyel Riascos, de la Fundación Aribí, reflejando el dolor y la frustración de los afectados por esta situación. En su ruta, se encontraron máquinas pesadas utilizadas para la minería, y se observaron claramente los vestigios de contaminación por sedimentos y desechos químicos que se utilizan en el proceso minero, incluidos compuestos como Alive y Asoug. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad del entorno, sino también la salud y el bienestar de la comunidad afrodescendiente, que ha vivido en esa área por generaciones.
En una segunda parte de la visita, se encontraron motocicletas que habían sido empleadas por las fuerzas que se ocupan de la minería de oro, lo que generó preocupación entre los presentes sobre el aumento de la presencia de actores armados en la región. Las comunidades participantes expresaron su inquietud ante el deterioro progresivo de su tejido social, que ha sido exacerbado por la influencia de grupos armados que buscan controlar el territorio a través de estas actividades extractivas. Las amenazas y el clima de miedo impide el ejercicio libre de derechos colectivos.
El Consejo de Mariel Angulo High and Medium Dougu recordó: «Las actividades mineras ilegales son perjudiciales porque existen tres tipos de minería. Esto no es bueno para la naturaleza ni para nuestro territorio. Podemos coexistir con la minería de manera responsable, pero se deben seguir las enseñanzas de nuestros antepasados.»
A pesar de las múltiples advertencias presentadas a las autoridades competentes, hasta el momento, no ha habido respuestas verdaderamente efectivas ante tales denuncias. Por este motivo, estas comunidades han lanzado un llamado de emergencia para que las entidades ambientales y la institucionalidad a nivel local y nacional prioricen esta problemática, fundamentándose en el principio de protección integral de comunidades y territorios colectivos.
Deisy Minota, integrante de la Fundación Aribí, concluyó con tristeza: «Es desgarrador ver cómo esa llanura, antes llena de un río cristalino, ha sido devastada por la intervención minera, dañando este hermoso espacio que nos proporcionaba oxígeno, alimento, recreación y bienestar, no solo para la comunidad de Anchicayá, sino para Buenaventura y Colombia en general.»
Diferentes organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Buenaventura, junto a la delegación del Consejo Comunitario y los procesos organizativos locales, se han unido en una voz sólida en defensa de la vida, el agua, la dignidad de las comunidades afrodescendientes y los derechos territoriales étnicos que son reconocidos. «Desde la autonomía de nuestra comunidad, reafirmamos nuestro compromiso con el título territorial basado en la soberanía alimentaria, el turismo responsable, la pesca tradicional y la protección del medio ambiente,» señalaron en su comunicado.
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