CARLOS GALLARDO
En Colombia, cada diciembre se repite el mismo teatro institucional: alcaldías, secretarías de salud y la Policía Nacional lanzan campañas emotivas para que la ciudadanía “no use pólvora”. Se habla de proteger la vida, de evitar tragedias y de construir una sociedad más responsable. Sin embargo, detrás del discurso moralista existe una contradicción flagrante: la ley no castiga la pólvora, castiga a quien la usa, y, en este país, ese “quién” tiene estrato social.
Mientras al vendedor ambulante le decomisan las papas, los cohetillos y los tradicionales juguetillos, considerados ilegales y peligrosos, a los establecimientos formales les permiten comercializar costosos juegos pirotécnicos, fuegos artificiales y la llamada “pólvora de salón”. Esa no está prohibida; esa es “regulada”. Y, curiosamente, regulado significa autorizado solo para quienes pueden pagarla.
El mensaje es claro: si eres pobre, quemar pólvora es delito; si tienes dinero, es espectáculo. Las campañas no buscan erradicar la pólvora, buscan disciplinar al consumidor equivocado. La norma no protege la seguridad pública, protege el mercado formal. El niño del barrio es peligroso con una mecha en la mano; el empresario puede iluminar el cielo con explosiones dignas de un concierto internacional.
La incoherencia es escandalosa: ¿cómo prohibir algo que al mismo tiempo se vende con factura, registro y publicidad? La pólvora no es el problema. El problema es un país donde la ley se enciende únicamente sobre el bolsillo vacío. Aquí la verdadera chispa no es la que quema dedos; es la que desnuda la desigualdad.
Además, el discurso oficial insiste en que “toda pólvora es peligrosa”, pero nunca explica por qué ciertos fuegos artificiales pueden ser usados en eventos privados, matrimonios, conciertos o inauguraciones patrocinadas por empresas. Allí, la pólvora deja de ser un riesgo y se convierte en experiencia, tradición y espectáculo. La misma chispa que en manos de un ciudadano común es delito, en manos del poder se vuelve celebración.
39
