La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de su presidente Pablo Bustos, se permite informar de manera urgente que radicó formalmente ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación una denuncia por las presuntas irregularidades en el concurso de méritos para la elección del Contralor Departamental de Antioquia (periodo 20262029), convocado por la Asamblea Departamental mediante la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025 y ejecutado por la Universidad de Cartagena.
Al mismo tiempo, la Red hizo un llamado directo al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República para que revise con urgencia lo que está ocurriendo con estas elecciones y active los mecanismos de control preventivo frente a un proceso que amenaza la independencia de la Contraloría Departamental.
La Red advierte que este proceso presenta graves riesgos de cooptación política e institucional, presuntamente orientados a favorecer al gobernador en la “imposición” de un “contralor de bolsillo”, lo que vulneraría los principios de independencia, autonomía y transparencia que deben regir los órganos de control.
Entre las irregularidades recibidas por la RED se hayan las señaladas respecto de la cuestionada escogencia de la Universidad de Cartagena como operador académico, las denuncias de presunto favoritismo hacia los candidatos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobónquienes estarían siendo impulsados por el actual gobernador, la participación de aspirantes con antecedentes administrativos y éticos cuestionados, aducidos reportes de reuniones indebidas entre directivos de la Universidad y el gobernador, así como el interés del rector de dicha institución en acelerar irregularmente el proceso en detrimento de la transparencia y la rigurosidad técnica.
De comprobarse los hechos denunciados, de comprobarse, podrían configurarse delitos previstos en el Código Penal colombiano como el interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409), el tráfico de influencias de servidor público (artículo 411), el abuso de función pública (artículo 416), la concusión o el cohecho (artículos 404 a 407) en caso de exigencias u ofrecimientos indebidos, y el fraude procesal (artículo 453) si se llegara a probar manipulación documental o alteración de las etapas del concurso.
En palabras de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías: “de determinarse la veracidad de los señalamientos mencionados, estaríamos ante un atentado directo contra la democracia y el control ciudadano. De hecho ni este ni ningún gobernador no puede capturar la Contraloría para convertirla en un apéndice de su mandato. Un contralor de bolsillo es sinónimo de impunidad y corrupción. Por eso hemos llevado estos hechos ante la Procuraduría y la Fiscalía, solicitando medidas cautelares inmediatas e incluso la suspensión del concurso hasta que se garantice su total transparencia”.
La Red de Veedurías de Colombia reiteró su llamado a los órganos de control superiores, al Secretario de Transparencia de la Presidencia, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para mantener una vigilancia activa, advirtiendo que permitir la captura política de la Contraloría Departamental de Antioquia sería abrir la puerta a la corrupción estructural en dicho departamento.
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