San Salvador. Sábado 26. Abril de 2025. Años. En la actualidad, El Salvador se ha convertido en un escenario de confrontación, donde la política de deportaciones indiscriminadas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha chocado con los principios legales que garantizan el derecho a un debido proceso. Esta situación refleja un conflicto profundo entre la aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos fundamentales de los individuos involucrados.
Desde mediados de marzo, tres vuelos han transportado a más de 200 venezolanos, acusados de vínculos con grupos criminales, hacia El Salvador. Estos grupos, como el Entrenador de Aragua, tienen raíces en Venezuela, pero también se han incluido 23 presuntos miembros de las pandillas MS-13. Este enfoque agresivo por parte de la administración estadounidense no solo ha intensificado las tensiones, sino que también ha incrementado la indignación a nivel nacional e internacional.
Uno de los casos más relevantes es el de Kilmar Abrego, un salvadoreño que fue deportado en uno de estos vuelos de MS-13. Abrego fue trasladado a El Salvador debido a un «error», a pesar de que llevaba años residenciado en Hyattsville, en el condado de Prince George, Maryland. Su situación es representativa de la falta de cuidado y el desdén por el proceso legal en la deportación masiva.
Todos los deportados han sido retenidos en el Centro de Prisión de Terrorismo (CECOT), pero recientemente, Abrego fue transferido a una prisión ubicada en la parte occidental del país. Esto ha generado una gran preocupación por la falta de transparencia y debido proceso en su situación legal.
Juicio honesto
Bessy Ríos, una voz crítica en este proceso, ha señalado que «todo debe seguir el procedimiento debido; si hay pruebas de que alguien es miembro de una pandilla, entonces debe ser llevado a juicio, y el juez debe determinar la pena correspondiente». La opinión de Ríos pone de manifiesto la necesidad de un sistema judicial transparente y justo que garantice los derechos de los acusados.
El caso de Abrego ha alcanzado notoriedad internacional. Su situación representa una violación del gobierno de Trump a la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado facilitar su regreso a Estados Unidos para continuar con el proceso legal desde 2019. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado cualquier responsabilidad, trasladando la culpa al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
De acuerdo con los documentos oficiales, Abrego fue arrestado el 28 de marzo, lo que despertó aún más dudas sobre la legitimidad de las acciones policiales en su contra. Las autoridades afirmaron que tiene vínculos con MS-13, según los archivos disponibles. Un juez de inmigración validó el informe policial el 24 de abril de 2019, antes de que la defensa apelara y un segundo juez corroborara la decisión inicial del tribunal. Sin embargo, el Tribunal de Baltimore suspendió temporalmente la deportación el 19 de octubre.
Ríos ha afirmado que «tanto Estados Unidos como El Salvador han violado el proceso judicial al actuar de esta manera, porque los acusados no han sido condenados aún». Estas palabras resuenan, destacando la vulneración de los derechos de los individuos en medio de una política migratoria agresiva.
El criminólogo Misael Rivas ha añadido que no hay indicios de que se produzca una penalización judicial final por la implementación de estas expulsiones, dado que muchos de los afectados se encuentran en medio de procesos legales que podrían llevarlos a otras instituciones penitenciarias, tanto nacionales como internacionales. Rivas también mencionó que este tipo de mecanismos son comunes en Europa, señalando un acuerdo entre los Países Bajos y Noruega firmado en 2015 como un ejemplo. «Esto significa que este acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no es nuevo», enfatizó Rivas.
A pesar de este contexto, la realidad en El Salvador se complica aún más con acuerdos entre Trump y Bukele que permiten transferencias de deportados sin la transparencia adecuada sobre los procesos judiciales involucrados. Esto plantea cuestiones serias sobre el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los deportados.
Políticamente de cuatro lados
El 16 de abril, el senador demócrata Chris Van Hollen se convirtió en un defensor de los derechos de los deportados al seguir de cerca los procedimientos judiciales relacionados con la situación de Abrego. Van Hollen se reunió con él, quien había sido trasladado, de manera poco entusiasta, a un hotel en San Salvador tras la aprobación de su salida de la prisión por parte del gobierno salvadoreño.
Antes de esta reunión, el congresista había expresado su frustración porque las autoridades salvadoreñas le habían negado la entrada al CECOT. «¿Quién lo llevó? ¿Quién lo convenció de entrar ahí? No entiendo cómo los abogados no pueden tener acceso», dijo, refiriéndose a los intereses políticos en juego y la necesidad de conectar con los votantes latinos en EE. UU. en las elecciones de noviembre de 2026.
El 21 de abril, un grupo de cuatro congresistas demócratas llegó a San Salvador con la intención de reunirse con Abrego, aunque nuevamente fracasaron en su intento. Esta serie de acontecimientos refleja el creciente interés de los políticos norteamericanos en abordar las violaciones de derechos humanos en El Salvador.
En el contexto de esta crise, el gobierno salvadoreño ha solicitado al país que reciba a la Conferencia de Florida, donde Ana Paulina Luna ya ha confirmado su llegada para el 8 de mayo. Desde marzo de 2022, Bukele ha lanzado una ofensiva militar contra pandillas como MS-13 y Barrio 18, logrando desmantelar muchas redes criminales pero a costa de cientos de arrestos de personas inocentes.
Para muchas familias salvadoreñas que han visto a sus seres queridos encarcelados sin ser parte de ninguna pandilla, la llegada de políticos estadounidenses ha hecho aún más evidente la violación de los derechos humanos en el país. «Las visitas han expuesto a nivel mundial las violaciones de derechos humanos en El Salvador», afirmó Salvador Ruiz, miembro del Comité de Víctimas de Las Victorias, de la región de Bajo Lempa, en el sur del país.
Ruiz agregó que 232 jóvenes de esa área han sido detenidos injustamente como miembros de pandillas, sin que haya evidencia suficiente para sustentar tales acusaciones. La situación se volvió más crítica con la muerte de José Rigoberto Vega González, de 28 años, quien fue arrestado y posteriormente falleció bajo custodia tras haber sido detenido el 15 de marzo.
