Los alcaldes de varios municipios de Boyacá expresaron su preocupación por un recorte de casi el 48% en la transferencia de la última duodécima parte del Sistema General de Participación (SGP), situación que afecta directamente las finanzas del territorio y la implementación de programas sociales.
La advertencia se conoció luego de una reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y representantes del Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Departamento Nacional de Gestión de Riesgos, donde se explicó el impacto fiscal que la medida ya está teniendo en los territorios.
El alcalde de San Pablo de Borbur, Carlos Alberto Castellanos, explicó que el recorte para su municipio roza los 300 millones de pesos, según las fórmulas del DNP, lo que obliga a ajustar en adelante el presupuesto 2026 y reducir las inversiones. También señaló que a pesar de la reducción de fondos, las autoridades locales siguen recibiendo nuevas autorizaciones sin fondos suficientes, como la profesionalización de los inspectores de policía, el aumento de las tasas judiciales y la ampliación de las comisarías de familia.
A esta situación se suma el efecto de la corrección de la liquidación de la tasación tras la resolución del IGAC del 30 de diciembre, que afecta a 86 municipios de Boyacá. En San Pablo de Borbur, las valoraciones aumentaron entre 200% y 700%, con un impacto en los impuestos a la propiedad y la economía rural.
Por su parte, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, advirtió que la SGP está reduciendo programas de compromiso dirigidos a niños, adolescentes, jóvenes y poblaciones vulnerables. También expresó preocupación por los recursos del FOPEP, señalando retrasos en los recortes que dificultan el seguimiento de los planes de desarrollo.
Durante la reunión, los alcaldes cuestionaron la fórmula de distribución del SGP, citando casos como el de Tuta, que a pesar de los buenos indicadores fiscales sufrió un recorte de casi 300 millones de pesos.
El gobierno anunció que transferirá el 50% del monto recortado como provisión de caja y que repondrá estos recursos en 2026, además de publicar el informe del FOPEP el 15 de febrero y revisar la fórmula del SGP. Sin embargo, los dirigentes señalaron que el impacto ya se refleja en recortes a los programas de deporte, cultura, transporte escolar y cofinanciamiento del PAE y advirtieron que algunos municipios apenas podrían cubrir salarios y operaciones si la situación continúa.
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