Popayán vive una nueva tormenta política luego de que se conocieran denuncias sobre el presunto uso de contratistas públicos en programas de apoyo electoral relacionados con Jorge Bastidas, representante de la Cámara de Representantes, de la histórica convención. Fuentes políticas y civiles indican que el congresista mantendría una red de cuotas de servicio civil activo en organismos locales y nacionales, que sería utilizada para fortalecer su poder político en la región.
Entre los casos más sonados está la oficina de transporte de Popayán, donde, según fuentes cercanas al gobierno municipal, una funcionaria, identificada como Lizeth Plazas, quien ocuparía un cargo de confianza y tendría vínculos políticos con los Bastidas, instruiría a los contratistas a participar en la consulta interna del histórico tratado, con el fin de lograr un voto a favor de su jefe político. Estas acciones, de confirmarse, supondrían una clara violación de las normas sobre participación de los funcionarios en política.
Posiciones y contratos bajo la lupa
Las denuncias indican que la influencia del congresista se extiende mucho más allá de la oficina del alcalde Popayán. Su nombre estaría asociado a nombramientos o contratos en instituciones como la Agencia de Renovación Territorial (ART), la Inspección Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Cedelca, SENA, Nasakiwe y la Gobernación del Cauca.
Según los observadores políticos, estas estructuras podrían actuar como una plataforma para el poder del cliente, donde los contratos se intercambiarían por lealtad política. «Este es el viejo sistema de burocracia al servicio de los votos. Los contratistas se convierten en máquinas electorales», dijo una fuente del sector público que pidió el anonimato.
Clientelismo disfrazado de activismo.
El caso ha hecho saltar las alarmas entre organizaciones de la sociedad civil y organismos de control civil, que piden la intervención del Fiscal General y de la Comisión de Seguimiento Electoral (MOE) para verificar cualquier irregularidad. Aunque todavía no se ha iniciado ninguna investigación formal, el escándalo ha planteado fuertes dudas sobre el uso de la oficina estatal con fines políticos, una práctica castigada por la ley con cargos disciplinarios y fiscales.
En medio de la polémica, la imagen de Jorge Bastidas vuelve a estar en el ojo del huracán. Lo que algunos califican como simple activismo político, otros lo ven como un ejemplo más de clientelismo arraigado en la administración pública, una realidad que, según analistas, socava la confianza de los ciudadanos y pone en duda la transparencia de los procesos democráticos en el Cauca.
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