Bogotá, 22 de abril de 2025 – Luis Carlos Barreto Gantiva, quien desempeñó un papel crucial en el liderazgo de la Unidad Nacional de la Unión para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), se ha convertido en un testigo clave en un escándalo de corrupción que está sacudiendo a esta institución. Recientemente, un juez de garantía aprobó que Barreto tuviera la oportunidad de evitar un proceso penal formal a cambio de su cooperación con la justicia, lo que representa un importante giro en este complicado caso.
Barreto fue arrestado en septiembre por intentar sobornar a Sneyder Pinilla para que este no lo traicionara. A raíz de su situación, ha tomado la decisión de revelar toda la información que posee acerca de una red criminal que operó dentro de la UNGRD. La Fiscalía ha indicado que su testimonio ha arrojado luz sobre aspectos críticos relacionados con contratos irregulares, sobornos y la implicación de altos funcionarios del gobierno, así como empresarios y contratistas vinculados a la administración de Petro.
De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del fiscal, la información proporcionada por Barreto ha posibilitado la apertura de nuevas líneas de investigación que podrían descifrar el entramado de corrupción que ha afectado gravemente la gestión de recursos públicos. Como parte de su colaboración, Barreto ha firmado un acuerdo de preajuste que lo condena a una pena de tres años y siete meses de prisión, además de la obligación de devolver 150 millones de pesos que recibió en sobornos.
El escándalo en cuestión incluye serias quejas acerca de contratos irregulares, como lo es el caso de la adquisición de tanques para La Guajira. A través de sus revelaciones, se han identificado a varios actores principales de esta red, entre los cuales destacan Olmedo López, César Manrique Soacha y, por supuesto, Sneyder Pinilla.
La participación de Barreto en este proceso es considerada un factor clave, ya que su testimonio podría ser esencial para desmantelar una estructura mafiosa que ha desviado recursos que deberían haberse utilizado para atender situaciones de emergencia en Colombia. Lo que comienza como un escándalo de corrupción podría derivar en un cambio significativo en la forma en que se gestionan los recursos destinados a la atención de desastres, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y una rendición de cuentas rigurosa en la administración pública.
Este incidente resalta la importancia de la lucha contra la corrupción en el ámbito gubernamental y la necesidad de construir instituciones más sólidas que puedan resistir este tipo de prácticas corruptas en el futuro.
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