La comunidad del municipio de Nariño (Antioquia), en el oriente antioqueño, se encuentra nuevamente en luto tras el asesinato del exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias, conocido popularmente como “Gurrumina” o “Gurre”, quien ejerció su cargo en el periodo 20202023.
El homicidio se registró la tarde del pasado 8 de noviembre en la zona rural del municipio, específicamente en la vereda San Agustín, en el tramo de la vía que conduce hacia Puerto Venus, entre los sectores de Pueblo Nuevo y Puente Linda. Según los primeros informes, el exconcejal fue detenido por varios hombres armados y posteriormente ejecutado al borde de la carretera.
Ocampo Arias había sido concejal municipal y era reconocido en la comunidad por su participación en procesos sociales y políticos locales, así como por su actividad como propietario de un vehículo tipo escalera (mecanismo de transporte comunitario en zonas rurales). Su muerte, sumada a otros hechos recientes de violencia en la región, ha generado gran preocupación por la seguridad en esta subregión del departamento.
La alcaldesa de Nariño, Erika Cardona Pérez, había denunciado días previos el incremento de intimidaciones en la vereda El Recreo y en otras zonas rurales del municipio, donde pobladores afirmaban sentirse bajo presión de grupos armados ilegales.
Este suceso se da en un contexto de escalada de violencia rural en el Oriente antioqueño, donde las autoridades advierten sobre la presencia creciente de estructuras criminales que actúan con libertad en áreas poco vigiladas. La zona de Nariño no es excepción: hace solo semanas se registró el asesinato de un menor de 13 años en la vereda La Balsora, también en este municipio, por hombres encapuchados que ingresaron a su vivienda.
Las autoridades locales y departamentales han iniciado la investigación correspondiente, aunque por el momento no se ha hecho pública la identificación de los responsables ni el móvil exacto del crimen. Se espera que la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación trabajen de manera articulada para esclarecer los hechos y fortalecer la presencia del Estado en esa región rural, clave para la tranquilidad de sus habitantes.
Contexto y repercusiones
La ejecución del exconcejal representa un nuevo golpe al tejido social de la zona rural de Nariño (Antioquia). Líderes políticos, comunitarios y sociales han sido blanco recurrente de la violencia en regiones del país donde los grupos armados ilegales buscan imponer control territorial, castigar oposición o intervenir procesos electorales.
Este hecho, además, extiende la percepción de impunidad que se tiene en muchos municipios rurales: la población siente que la autoridad estatal no tiene suficiente capacidad de reacción o de protección en esos territorios. El incremento de asesinatos, intimidaciones y desplazamientos internos en áreas rurales del departamento refuerza la urgencia de redefinir las estrategias de seguridad y convivencia en el Oriente antioqueño.
Impacto local
Para el municipio de Nariño, la muerte de Ocampo Arias implica también un vacío en el liderazgo político local, en especial en zonas rurales donde sus funciones de representación y transporte comunitario eran valoradas. Además, puede generar un efecto multiplicador de temor entre otras personalidades que ejercen funciones públicas o comunitarias en áreas de riesgo.
Desde el punto de vista social, la constante exposición a la violencia afecta la inversión, la movilidad, el transporte rural y la cohesión comunitaria de municipios que ya padecen históricamente debilidades institucionales, aislamiento geográfico y presencia limitada del Estado.
Lo que sigue
- Las autoridades han prometido refuerzo de operativos de seguridad rural y patrullajes móviles en las veredas más afectadas del municipio.
- También se espera mayor acompañamiento a víctimas y familiares, así como el impulso de programas de protección para líderes rurales.
- En el plano político, el crimen abre el debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los cargos de elección popular, incluso en las localidades rurales menos visibles.
- Finalmente, la comunidad solicita celeridad en las investigaciones y justicia, además de políticas públicas que promuevan la gobernabilidad y la presencia del Estado en territorios donde muchas veces impera el vacío institucional.
78
