Han pasado 25 años desde la Masacre del Naya, uno de los episodios más crudos del conflicto armado colombiano, ocurrido entre el 10 y el 13 de abril de 2001 en la región del río Naya, entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. La conmemoración no solo revive el horror vivido por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en un crimen que pudo haberse evitado.
Un territorio estratégico en medio de la guerra
La región del Alto Naya ha sido históricamente un corredor clave para el narcotráfico y un territorio disputado por actores armados ilegales. Desde la década de 1980, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN habían hecho presencia en la zona, lo que posteriormente atrajo la incursión de grupos paramilitares.
A finales de los años noventa, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consolidó su presencia en el suroccidente del país con el objetivo de arrebatarle el control territorial a la guerrilla y dominar rutas estratégicas para economías ilegales.
La incursión paramilitar: tres días de terror
El 10 de abril de 2001, más de un centenar de hombres armados del Bloque Calima iniciaron una incursión violenta en la región. Durante tres días, recorrieron veredas y poblados señalando a habitantes como supuestos colaboradores de la guerrilla.
Los testimonios reconstruyen un panorama de horror: asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas y amenazas colectivas. Los paramilitares buscaban imponer control territorial mediante el miedo y “limpiar” la zona de cualquier presencia insurgente.
Se estima que cerca de 500 hombres participaron en la operación, lo que demuestra el nivel de organización y planeación de la incursión.
Desplazamiento masivo y ruptura social
Una de las consecuencias más devastadoras fue el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.000 personas, quienes huyeron de sus hogares para salvar sus vidas. Muchas de estas comunidades tardaron años en retornar, enfrentando no solo la pérdida material, sino también el trauma colectivo dejado por la violencia.
La masacre dejó una profunda fractura en el tejido social de la región, afectando especialmente a comunidades históricamente marginadas.
Alertas ignoradas: ¿una tragedia evitable?
Uno de los aspectos más polémicos del caso es que la masacre no fue un hecho inesperado. Días y semanas antes del ataque, diversas entidades habían advertido sobre el riesgo inminente.
La Defensoría del Pueblo había alertado sobre el incremento de la presencia paramilitar en la zona, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 27 de marzo de 2001 para proteger a las comunidades del Alto Naya.
A pesar de estas advertencias, el Estado no tomó acciones efectivas para prevenir la incursión armada. Este hecho ha sido señalado durante años como una grave omisión institucional.
Incluso, investigaciones y denuncias han señalado posibles casos de tolerancia o complicidad de unidades militares en la zona, lo que ha alimentado el debate sobre la responsabilidad estatal en la tragedia.
Justicia incompleta y memoria persistente
A lo largo de los años, algunos responsables han sido procesados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, incluyendo al excomandante paramilitar Ever Veloza, alias “HH”. Sin embargo, para muchas víctimas, la justicia sigue siendo parcial y la verdad aún incompleta.
El caso del Naya se ha convertido en un símbolo de las deudas del Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
25 años después: memoria, resistencia y exigencias
Hoy, las comunidades del Naya continúan luchando por la memoria histórica y el reconocimiento de lo ocurrido. La conmemoración de los 25 años no es solo un acto simbólico, sino una exigencia de que hechos como este no vuelvan a repetirse.
La masacre del Naya recuerda que el conflicto armado en Colombia no solo dejó cifras, sino historias de vida truncadas, territorios devastados y una deuda histórica que aún sigue vigente.
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