Seis meses después de iniciar la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Clan del Golfo, el compromiso central del grupo armado sigue sin cumplirse: la entrega de niños, niñas y adolescentes reclutados a la fuerza. Según confirmó el ICBF, la entidad encargada de restablecer los derechos de los menores desvinculados, no ha recibido a ningún niño o adolescente proveniente del grupo. En septiembre de 2025, durante las negociaciones en Doha dentro de la política de paz total, el Estado adoptó medidas para facilitar el proceso, incluyendo la suspensión de órdenes de captura y dición, la entrega de esquemas de seguridad y la delimitación de zonas de ubicación en Córdoba y Chocó. A cambio, el Clan del Golfo debía cumplir la única obligación humanitaria: devolver a los menores reclutados forzosamente.
La senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, denunció que el Gobierno ha concedido privilegios al Clan del Golfo mientras la organización criminal continúa sin cumplir su obligación. Lozano destacó que se levantaron órdenes de captura y dición contra cabecillas, se entregaron recursos por más de diez mil millones de pesos en escoltas y vehículos de seguridad, y se definieron zonas de ubicación sin consultar a autoridades locales. A juicio de la congresista, estas decisiones demuestran un desequilibrio en la mesa de negociación, donde el Estado asumió varios compromisos logísticos y jurídicos, mientras la única exigencia humanitaria —proteger a los menores y garantizar su desvinculación— no se ha materializado, según la certificación oficial del ICBF.
La situación evidencia la persistencia del reclutamiento forzado en Colombia. La Defensoría del Pueblo documentó 88 casos entre enero y agosto de 2025, de los cuales 21 fueron atribuidos al Clan del Golfo. Mientras tanto, informes recientes indican que la organización ha incrementado su fuerza operativa en un 140%, alcanzando casi 10.000 integrantes y consolidando su capacidad financiera con nómina mensual de 1,5 millones de dólares. Lozano afirmó en sus declaraciones que “el horror no terminó”, recordando que el proceso de paz debe priorizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. La denuncia apunta directamente al presidente Gustavo Petro, cuestionando que se otorguen beneficios sin que se cumpla la obligación central con los menores.
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