Los colombianos cuentan, desde hoy, con un nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para los grandes prestadores de estos servicios públicos en el país. Esta metodología define reglas claras que garantizan tarifas justas para cerca de 30 millones de usuarios y fortalece un esquema basado en la equidad, la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad. Con este avance, el país asegura mejores condiciones de acceso equitativo y calidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios esenciales.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió esta normativa mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las entidades responsables desarrollaron este marco tras cinco años de evaluación técnica rigurosa y un proceso amplio de participación pública. Durante la consulta, ciudadanos, académicos, empresas, gremios y otros actores del sector presentaron 1.631 aportes entre sugerencias, observaciones y comentarios, que las autoridades incorporaron en la versión final.
El nuevo marco tarifario pone al servicio del país el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico. La normativa aplica a prestadores con más de 5.000 suscriptores, ubicados principalmente en zonas urbanas, y establece un esquema regulatorio diferencial que integra criterios económicos con un enfoque de derechos. De esta forma, garantiza estándares como disponibilidad, accesibilidad, calidad, no discriminación e igualdad, sin comprometer la sostenibilidad financiera de los prestadores.
La regulación también reconoce de manera explícita los costos de la gestión ambiental e incorpora el reconocimiento de las inversiones ambientales obligatorias y adicionales que ejecutan los prestadores.
Asimismo, el nuevo esquema orienta el desarrollo del sector en los próximos años y alinea la política pública con una visión que prioriza a la población vulnerable. Además, refuerza la confianza ciudadana en el sistema tarifario mediante reglas claras, mecanismos efectivos de control y la supervisión permanente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La metodología se fundamenta en una arquitectura robusta, flexible, segmentada y adaptativa, que equilibra la sostenibilidad financiera con la asequibilidad tarifaria. Para ello, incorpora criterios de suficiencia, eficiencia, calidad, cobertura, innovación y responsabilidad ambiental, y responde a las realidades operativas y territoriales del país, así como a los desafíos climáticos y sociales.
Para alcaldías y gobernaciones, este marco se convierte en una herramienta clave que fortalece la planeación sectorial, mejora la gestión de los servicios públicos y acelera el cierre de brechas en cobertura, calidad y continuidad.
Con esta medida, el Gobierno Nacional entrega una regulación sólida y con visión de futuro, que responde a los desafíos actuales del sector y establece las bases para una prestación más eficiente, equitativa y sostenible de los servicios públicos, centrada en el bienestar de la población.
De esta manera, el nuevo marco tarifario consolida el agua como un derecho humano, eje del desarrollo territorial y pilar fundamental para la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de millones de colombianos.
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