La niebla estratégica es una buena solución para interferir (economistas)
Los aranceles, deportaciones, anexiones territoriales, así como el control sobre los recursos minerales y energéticos, son aspectos cruciales que caracterizan la dinámica actual de la geopolítica global. Este fenómeno no es mera casualidad, sino que refleja el interés de las grandes potencias en asegurar sus recursos. Lo que estamos observando es una influencia cada vez más marcada por la presencia de multimillonarios en los gobiernos, quienes no actúan como simples representantes del pueblo, sino como agentes de los poderes económicos que realmente movilizan las decisiones políticas.
Es imposible entender las decisiones sobre aranceles tomadas durante la administración de Trump sin entrar en el análisis de la lucha entre las corporaciones estadounidenses por el control de recursos estratégicos. Estas decisiones son parte de una estrategia más amplia que incluye lugares clave como Groenlandia, el Canal de Panamá, Ucrania y la República Democrática del Congo. La difícil situación actual de Ucrania, y su relación con Estados Unidos, no puede verse aislada, puesto que en este momento, China tiene bajo su control el 60% de las reservas mundiales de metales raros y el 85% de su capacidad de procesamiento, lo que plantea un desafío considerable para el equilibrio geoeconómico mundial.
Claramente, Estados Unidos ha dejado en claro que su objetivo no es solo apoyar militarmente a Ucrania, sino asegurarse de Cobrar tanto como sea posible por esa ayuda. La forma en que se pretende recuperar esta inversión es a través del acceso a recursos naturales críticos, como el litio, titanio, grafito, oro, zinc, plomo, níquel y otros minerales raros. A esto se añade la consideración de las tierras fértiles de Ucrania y sus reservas de carbón, que aunque no son el objetivo principal de Washington, sí son un punto de interés considerable en este conflicto imperial por el control territorial.
El modelo de acción es claro: los recursos a cambio de la supervivencia política. Esto es algo que ha sido evidente en diversas partes del mundo, incluyendo África, donde el presidente Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo ha ofrecido acceso a minerales clave a cambio de un «Pacto de Seguridad Formal«. Este intercambio es similar a lo que se propone a Trump, representando una llamada de atención para corporaciones como Apple, HP o Intel, que buscan maximizar sus beneficios en un contexto de competencia global.
Esta lógica se repite de manera preocupante en lugares como Argentina, donde los recursos naturales se entregan también bajo el mismo modelo de dependencia, ahora más acentuado con Javier Milei en el poder. No es casualidad que dichos acuerdos sean presentados como bilaterales, cuando en realidad son una renuncia a la soberanía en favor de intereses externos.
El acuerdo firmado el 30 de abril entre Estados Unidos y Ucrania, que ha sido presentado como un pacto para la renovación, es, de hecho, una infraestructura corporativa con cláusulas que aseguran beneficios por hasta 20 años. A cambio de «beneficios mutuos y tarifas del autor», Ucrania entrega derechos sobre sus recursos naturales, mientras que las empresas estadounidenses se garantizan ganancias en dólares. Lo que es alarmante es que la responsabilidad de estos acuerdos se presenta como una niebla que cubre a la capital ucraniana, Kiev.
A pesar de que los medios de comunicación lo describen como una alianza estratégica, el documento está montado sobre una estructura legal que evita la aprobación del parlamento ucraniano, eludiendo cualquier tipo de debate interno. Según lo declarado por la ministra ucraniana de Economía, Julia Svydenko, en un comentario al Financial Times, «Esté preparado para firmar todos los acuerdos o regresar a casa«. Esto pone de relieve las limitaciones que enfrenta Ucrania en las negociaciones.
Los verdaderos objetivos de estos acuerdos son el control de los recursos y la exclusión de compañeros competidores en la arena internacional. De este modo, Estados Unidos consolida su dominio comercial, logrando múltiples objetivos al mismo tiempo. Por un lado, asegura acceso a uno de los depósitos de minerales raros más grandes de Europa; por otro, dispone de un plan para reemplazar el combustible nuclear ruso con tecnología desarrollada por empresas como Westinghouse.
Las cláusulas también buscan excluir a competidores chinos, quienes poseen depósitos claves de tierras raras. Este escenario se acompaña de contratos blindados que están destinados a durar hasta 2040, sin que se ofrezcan garantías explícitas de seguridad. Lo que es más preocupante es que Ucrania debe cumplir con el acuerdo, independientemente de la situación conflictiva con Rusia.
Uno de los elementos centrales de este acuerdo es el denominado Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania, que es una compañía establecida en colaboración con la Corporación Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Esta formula incluye un capital inicial de $5,000 millones, dividido equitativamente entre Estados Unidos y Ucrania más la Unión Europea.
Las contribuciones de Estados Unidos incluyen:
– $1,700 millones para la ayuda en Ucrania durante 2024-2025.
– $800 millones a través de la DFC, destinados a préstamos para empresas estadounidenses que operan en Ucrania.
Las contribuciones de Ucrania son:
– $900 millones destinados a la privatización de propiedades estatales.
– $600 millones a través de bonos de recuperación a 2030.
– $1,000 millones provenientes de la Unión Europea.
La Junta Directiva del fondo estará constituida por tres representantes de cada uno de los países involucrados. En el caso de Estados Unidos, estos representantes provendrán del departamento estatal, la industria comercial y el ámbito privado. Uno de los directores será James Litsky, quien lidera una compañía que ya ha capturado el 20% de las reservas de tierras raras en Zhytomyr, sin pasar por un proceso de licitación pública, lo que plantea serias preocupaciones sobre conflictos de interés y el uso de un proceso regulatorio que favorece a ciertos actores.
Aunque el acuerdo estipula que los recursos permanecen «soberanos» bajo control de Ucrania, las condiciones establecidas permiten la explotación y comercialización de recursos por parte de empresas estadounidenses. Varios estados operan como fachadas que ocultan esta relación: Nekrudrom (minería), Naftasa (gas), Vostgok (uranio) y Energoat (nuclear).
Un ejemplo clave es United Mining and Chemical Company (UMCC), la compañía minera más importante de Ucrania, enfocada en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos como titanio y circonio, que son críticos para las industrias de alta tecnología y defensa. Desde 2023, ha estado parcialmente privatizada, y actualmente el 49% de sus acciones están en manos de fondos como Blackrock, Vanguard y State Street, así como Hancock Prospectus, cuyo producto principal es titanio para compañías aeronáuticas como Boeing y Airbus.
A partir del 22 de junio de 2023, una nueva legislación, la no. 3137-IX ha entrado en vigor con el objetivo de facilitar la privatización masiva, renunciando a las necesidades económicas urgentes de Ucrania. La guerra ha impactado severamente las finanzas públicas (casi la mitad del presupuesto de 2024 está financiado por ayuda extranjera), dejando a muchas empresas estatales en una situación bastante vulnerable. En este contexto, la privatización se considera una vía para mejorar los ingresos presupuestarios y reducir el gasto fiscal relacionado con empresas estatales.
Las iniciativas de privatización y el acuerdo mineral entre Estados Unidos y Ucrania parecen estar interconectados. Cada uno influye en el otro en términos de cambios regulatorios, dinámicas de inversión y gestión de recursos estratégicos. La compra de empresas estatales en medio del conflicto se presenta como una oportunidad para grandes beneficios, a pesar de la inseguridad reinante.
Los beneficios generados por estas empresas disfrutarán de exenciones fiscales y tarifas especiales. Ni Ucrania ni las empresas estadounidenses pagarán impuestos sobre los beneficios obtenidos. Aunque formalmente se establece que estas ganancias deben reinvertirse en Ucrania, la convertibilidad gratuita entre el grivna y el dólar despierta dudas sobre la real dirección de estas flujos de dinero.
La convertibilidad brinda facilidades para la repatriación de beneficios y protección contra la devaluación del grivna, además de permitir cubrir deudas emitidas en dólares, como los bonos respaldados por materiales. Esto también se justifica en función de la necesidad de importar bienes esenciales para la reconstrucción, que deben adquirirse en moneda dura.
Sin embargo, el punto central de todo este esquema es que las corporaciones requieren ganancias en divisas fuertes para satisfacer a sus accionistas globales. Lejos de ser un proyecto de renovación para Ucrania, este acuerdo convierte al país en un campo de operaciones comerciales para empresas estadounidenses, donde la soberanía se presenta como una hipoteca en nombre de la inversión. Una revisión más detenida revela un mayor guion de poder, en el cual la narrativa de la ayuda se enmarca en un modelo extractivo, legalmente blindado y legitimado bajo la excusa de la solidaridad internacional. Al final, la niebla no está en Kiev, sino en las percepciones de aquellos que todavía creen en la verdadera solidaridad internacional.
12.05.2025
