20 de enero de 2026- Los trabajadores de Petroperú, junto con las centrales sindicales de la Confederación General de Trabajadores de ese país (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se movilizan nuevamente este martes en rechazo al proceso de privatización de dicha empresa impulsado por el Gobierno del presidente interino José Jerí.
Los trabajadores se encuentran en una huelga de 72 horas exigiendo la derogación de la Ordenanza de Emergencia 1025, que fue promulgada por el poder ejecutivo el 31 de diciembre, y exigen la adopción de más de una docena de leyes que condenan la inconstitucionalidad de dicha ordenanza. Se espera que la protesta comience este martes en la Plaza Dos de Mayo, en el centro histórico de Lima.
La movilización antiprivatización comenzó este lunes, día en que la policía la reprimió mientras los manifestantes marchaban pacíficamente por la céntrica avenida de Lima, informaron medios alternativos peruanos.
Los sindicatos rechazan lo que consideran una «privatización secreta» de la empresa por parte del gobierno de Jerí y exigen el despido de la ministra de Economía, Denisse Miralles, a quien consideran responsable de la crisis interna que enfrenta la petrolera.
El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, indicó que a través del Decreto 1025 el Gobierno busca crear unidades de negocio para la fragmentación y desmembramiento de esta petrolera y facilitar su venta total o parcial a costa del Estado. Por su parte, Miralles, así como el primer ministro Ernesto Álvarez, negaron esta maniobra.
Según el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleo Perú (Stapp) Pablo Tello, la movilización busca alertar sobre las consecuencias del ingreso de capital privado a la empresa, no solo en el empleo sino también en los precios de los combustibles.
Los trabajadores denunciaron que este desmembramiento conduciría a despidos. También señalaron que Jerí pondrá a la venta la refinería de Talara, considerada una de las más modernas de América Latina y cuya inversión se estima en más de 5.000 millones de dólares.
«Aquí no se trata sólo de empleos, Petroperú, así como la economía del Perú, están en juego en el corto, mediano y largo plazo», advirtió Tello.
Según los huelguistas, si se concreta la venta de Talara, los lugares más remotos de la Amazonia ya no podrán contar con petróleo a precios razonables. Aseguran que se liberalizarán los precios en el mercado de hidrocarburos, entre otras graves consecuencias para la soberanía energética nacional que se derivarían del suministro de energía a capitales extranjeros y privados.
