Bogotá, 7 de febrero de 2026 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este fin de semana que firmará una nueva declaración de emergencia económica, social y ambiental en el país, con el objetivo de enfrentar y mitigar los graves efectos de la crisis climática que está afectando diversas regiones, principalmente los departamentos de Córdoba y Sucre.
La medida llega en medio de uno de los eventos climáticos más severos registrados en años recientes—un frente frío que ha provocado lluvias intensas, inundaciones, pérdidas humanas y desplazamientos masivos. Según cifras preliminares, al menos 14 personas han fallecido y miles de familias han sido afectadas por el desbordamiento de ríos y caños, dejando decenas de miles de hectáreas anegadas y miles de viviendas destruidas.
Contexto de la crisis y razones de la declaratoria
Durante una sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Petro explicó que este fenómeno climático extremo responde a los patrones de la crisis climática global, que está provocando eventos cada vez más impredecibles y de mayor magnitud. Esta situación, que ha generado inundaciones sin precedentes en varias zonas del Caribe colombiano, ha obligado al Gobierno a buscar mecanismos ordinarios para responder con rapidez y recursos suficientes.
En redes sociales, el presidente señaló que la emergencia que se propone declarar responde a hechos “sobrevinientes” que ya estaban descritos en el decreto de emergencia anterior que fue suspendido por la Corte Constitucional, e insistió en la necesidad de recursos adicionales para atender las consecuencias humanitarias, ambientales y económicas de la crisis.
Suspensión y disputa jurídica
Esta decisión también se inscribe en una disputa legal posterior a la suspensión, por parte de la Corte Constitucional, del decreto de emergencia económica emitido en diciembre de 2025 por el Gobierno. Ese decreto—conocido como Decreto 1390—había sido emitido para enfrentar un déficit fiscal grave luego de que el Congreso no aprobara una reforma tributaria clave, pero fue paralizado mientras se evalúa su constitucionalidad.
Frente a esta situación, Petro ha pedido a la Corte que levante la suspensión de dicho decreto para poder utilizarlo nuevamente como herramienta para atender el desastre causado por las inundaciones. El presidente incluso ha vinculado la decisión del tribunal con las condiciones climáticas que enfrentan regiones como Córdoba, donde el fenómeno ha sido particularmente devastador.
Impacto y medidas del Gobierno
Las fuertes precipitaciones han generado una crisis en la infraestructura, los servicios públicos y la producción agrícola de las zonas afectadas. El Ejecutivo ha anunciado acciones que incluyen la intervención del Ejército Nacional para ayudar en labores de rescate y mitigación, la restauración de infraestructuras hidráulicas y la atención humanitaria a las familias damnificadas. Además, el Gobierno ha solicitado a entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos la revisión del manejo de embalses y tarifas energéticas ante las condiciones climáticas actuales.
Las autoridades han advertido además que la llegada de un segundo frente frío podría agravar aún más la situación y extender las necesidades de emergencia a otras regiones del país, lo que explica la intención gubernamental de declarar la emergencia no sólo en Córdoba y Sucre, sino potencialmente a nivel nacional.
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