Presidente de Colombia, Gustavo Petrohabló el jueves sobre la reciente orden de prisión preventiva contra su ex ministro de Finanzas, ricardo bonillapublicado por Corte Suprema de Bogotá en el marco de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades gubernamentales.
Desde la Cámara de Nariño, el presidente cuestionó la orden judicial que ordenó el envío de Bonilla a prisión, afirmando que el magistrado que aprobó la medida también había tomado decisiones «contradictorias» en otros casos de alto perfil. Petro se refirió a fallos anteriores de la misma togada y expresó su confusión por la diferencia de criterios en estas decisiones.
Protección y advertencia sanitaria de Bonilla.
Aunque el presidente se abstuvo de declarar categóricamente la culpabilidad del exfuncionario, lo enfatizó Bonilla, de 76 años, estuvo recientemente en cuidados intensivos.donde expresó preocupación por su bienestar ante la privación de libertad. Petro afirmó que el economista y profesor «nunca tuvo un solo problema con la justicia», subrayando que desde su perspectiva no había evidencia de malicia.
El jefe de Estado también negó que Bonilla haya interferido en la asignación de cuota indicativa de diputadosun tema que se ha discutido en relación con la investigación. Recordó que según su versión, él mismo condenó métodos similares en gobiernos anteriores y que la competencia del Ministro de Hacienda, en materia presupuestaria, incluye reuniones con los presidentes y comisiones parlamentarias como parte del trabajo técnico en la elaboración del proyecto presupuestario.
Contexto del caso y respuesta
Decisión de enviar a prisión a Bonilla y otros ex ministros, incl. luis fernando velascose tomó en relación con la investigación del Fiscal General sobre un presunto plan ilegal que implicaba la manipulación de fondos públicos para obtener apoyo en la legislatura. El juez argumentó que la medida privativa de libertad era adecuada, necesaria y proporcionada a los riesgos procesales, incluidos los supuestos vínculos de los investigados con un complejo sistema de corrupción.
La declaración de Petro se suma a un debate más amplio en el país sobre la independencia del poder judicial, el alcance de las decisiones de aseguramiento y el impacto de estas medidas en figuras públicas que desempeñaron roles relevantes en administraciones anteriores. Distintos sectores políticos y sociales han expresado opiniones diversas, tanto en defensa de la independencia de los tribunales como en escepticismo sobre las decisiones tomadas en casos de especial importancia para los medios de comunicación.
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